Voces

Educación superior

Ricardo Paredes

Rector de DUOC UC

@rdparedes


SE ESPERA que el gobierno reenfoque el proyecto de Ley de Educación Superior, excluyendo áreas de disenso y que requieren más trabajo. Debe cuidar de no arriesgar una mirada integral, que comprometiera el desarrollo futuro de la educación superior como un todo.

Especial aprensión surge de la constatación que para un conjunto relevante de instituciones, universidades y CFT e IP son sustitutas para los estudiantes. La mera posibilidad que se excluya del proyecto al sector Técnico Profesional (TP), que se deje para más adelante, una vez resuelto el tema universitario, representa un peligro y que se puede ilustrar en dos áreas, calidad y selección.

Si se introducen criterios diferenciados de calidad para universidades y para instituciones TP, se relegará a la educación TP a una categoría inferior, a la que se le exige menos. Es claro que el sistema de aseguramiento de calidad requiere mejoras, pero la actual concepción de calidad es valiosa al cruzar toda la educación superior. Calidad se entiende como la cercanía que tiene el funcionamiento real de la institución con su proyecto específico, admitiendo diversos proyectos y comparabilidad. Se subentiende que una universidad que investiga es diferente de la que no lo hace y ambas de una institución TP. La calidad de cada proyecto se mide con métricas diferentes, pero es, como en las disciplinas del atletismo, comparable. Por ello, una institución TP que forma personas con alta empleabilidad y remuneraciones, puede ser de mayor calidad que una universidad que promete buena investigación y no la realiza. No es necesario parecerse a una universidad compleja para ser bueno.

También la admisión TP debe entrar en un mismo proyecto, lo que tampoco significa que tengan iguales requisitos. Un proyecto que integre los sistemas de admisión abordaría el problema de exceso de demanda que se exacerba con la gratuidad. Restringir como hoy los beneficiarios imponiendo cuotas al crecimiento por institución, hace que alumnos que no tienen cabida en instituciones que prefieren, sí la tienen en otras menos preferidas, seguramente de menor calidad.

Si el financiamiento estatal para los estudiantes es limitado, no tiene sentido además limitar sus opciones de acceso a las mejores instituciones que puedan absorberlos. Y como, aparte de un puñado de universidades de más selectividad, la sustitución entre instituciones del mismo tipo y entre universitarias y TP es muy alto, un sistema integrado permitiría que los escasos cupos para beneficiarios, se abran en las mejores instituciones.

Finalmente, un sistema integrado de admisión reduciría la incertidumbre para cumplir con las nuevas restricciones al crecimiento. Así, en el sector TP aproximadamente un 2% de los alumnos que se matriculan no asiste nunca a clases porque cambian su decisión posteriormente, cuando otras instituciones definen su proceso.

Separar completamente el proyecto reduciría la eficiencia del uso de los recursos y no le estaría dando a la educación técnico profesional el estatus que requiere el país.

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