Fallas del Estado

Las señales son claras. En este segundo tiempo el gobierno avanzará con mayor o menor velocidad en reformas a la educación, salud, trabajo y pensiones, no sólo aumentando su rol prestador, sino también regulador.

En este contexto cabe señalar que la existencia de fallas de mercado es condición necesaria, más no suficiente, para justificar la regulación estatal. Se requiere además que los beneficios sociales esperables de la regulación superen a los costos directos e indirectos que ella conlleva. Los costos directos corresponden al financiamiento de la operación de las entidades regulatorias, el que debe ser evaluado en función del costo alternativo que supondría la asignación de esos recursos a otras áreas de las políticas públicas.

La regulación, al igual que el mercado, tiene fallas, y al igual que éste, los modelos de funcionamiento perfecto sólo funcionan en la teoría. En efecto, en los procesos de diseño, elaboración y aplicación de la regulación se manifiestan las imperfecciones o fallas del Estado.

La primera falla del Estado se hace evidente al considerar la confrontación de intereses entre sus funcionarios y los objetivos de la regulación, lo cual conducen a la captura de intereses -económicos o políticos- por parte de los regulados más influyentes, o de los reguladores. La relevancia económica de las decisiones regulatorias, unida a factores como la discrecionalidad del regulador y la falta de transparencia y fundamentación de sus decisiones son factores que favorecen la corrupción del regulador. Asimismo, los riesgos de captura política del regulador son mayores mientras más sensible sea el área regulada a la opinión pública, y más enconado sea el debate social acerca de la orientación y objetivos del regulador en ese ámbito.

La segunda falla del Estado se asocia con problemas de asimetría de información entre el regulador y los regulados, de modo que el primero no tiene elementos suficientes para conocer la realidad de las actividades que se regulan, y por tanto sus decisiones pueden ir en contra de las necesidades sociales, y más bien pueden estar influenciadas o favorecer a los segundos, reforzando así la captura de intereses.

La tercera falla del Estado se refiere a la inconsistencia de las decisiones. Como los gobiernos actúan en un escenario de corto plazo, normalmente definido entre los períodos de elecciones, puede predominar la búsqueda de una eficiencia de corto plazo que resulte incompatible con la de largo plazo. Asimismo, es posible que en este proceso de regulación la autoridad termine sobrerregulando al sector. En este caso, los costos que la regulación impone a la actividad y al consumidor final son superiores a los beneficios que se desprenden de ella. Es innegable que la regulación puede imponer gravámenes a la actividad regulada, que más que perfeccionarla, la desincentiven, como puede ocurrir con la fijación de precios o imposición de condiciones de servicios que disuadan la inversión privada.