Hacia un mejor gobierno corporativo público

RECIENTEMENTE, el ministro de Hacienda ha anunciado la incorporación de directores independientes en las empresas públicas, una iniciativa sin duda positiva, que viene a reducir la antigua deuda del Estado en materia de gobiernos corporativos.

En efecto, un buen gobierno corporativo provee de una estructura eficiente de incentivos a la gestión de empresas, entidades e instituciones públicas, a fin de maximizar el valor de sus stakeholders. También fortalece la separación de los roles políticos, fiscalizadores y empresariales del Estado. Por tanto, debería ser permanentemente un objetivo prioritario de las políticas públicas.

En el ámbito privado se ha desarrollado desde hace mucho una cultura societaria que valora los buenos gobiernos corporativos. Los accionistas minoritarios han asentado y reconocido sus derechos y actúan así con mayor efectividad en el mercado. Las empresas han ampliado sus políticas de autorregulación y, de alguna manera, se ha generado un ambiente de mayor confianza, favoreciendo a todos los actores y sentando una de las bases para la expansión del mercado de capitales.

No obstante todo este avance, no se han puesto en práctica políticas similares para un conjunto de empresas y organizaciones públicas relevantes, pese a no haber razones para efectuar distinciones entre las exigencias aplicadas a sociedades anónimas privadas y aquellas cuyo propietario es el Estado. Especialmente, cuando como en este último caso, el dueño es relativamente difuso, y representado por reparticiones cuya responsabilidad y estructura de incentivos puede ser contradictoria. Este problema queda patente en negociaciones colectivas que evidencian simultáneamente el rol empresarial y político del Estado, momento cuando chocan dos criterios: uno actuando con racionalidad económica, otro privilegiando objetivos políticos.

El que estas organizaciones sean estatales suma un componente de responsabilidad adicional a los encargados de su gestión. Las grandes crisis financieras internacionales han mostrado la importancia que reviste disponer de directorios profesionales e independientes, fortalecer los mecanismos de auditoría interna, buscar equilibrios eficientes en los derechos de control (especialmente cuando se presentan conflictos de interés) y de generar un flujo de información oportuno y adecuado a las instancias de decisión y control.

En este plano, el Ejecutivo debiera en primer término desarrollar un código de buenas prácticas de gobierno corporativo dirigido a todas las empresas del Estado, cuyo cumplimiento -al igual que la norma 385 de la SVS- debiera ser informado públicamente y monitoreado por instancias independientes. Además, es indispensable mejorar el gobierno corporativo del Sistema de Empresas Públicas (SEP), incorporando directores independientes e instancias de control autónomas y permanentes. Finalmente, debiese generalizarse la aplicación de estas políticas a otras entidades, donde aún hay un enorme espacio de progreso; entre ellas, universidades y hospitales públicos, municipalidades y partidos políticos.