La libre competencia

Recientemente, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha denunciado un nuevo potencial caso de colusión contra las tres más grandes cadenas de supermercados, asegurando que éstas a través de diferentes acciones ilícitas habrían acordado fijar precios de venta mínimo para el pollo.

Sin perjuicio del legítimo malestar y desconfianza que este nuevo caso genera para la opinión pública, es importante recordar que las conductas contrarias a la ética no son propias de ningún sistema económico sino, lamentablemente, inherentes a la naturaleza humana. Luego, al igual que en economías desarrolladas, seguiremos observando comportamientos anticompetitivos, pues tal como lo decía Adam Smith, siempre existirán empresarios que recurran a medios ilícitos con el fin de aumentar su participación y consecuentes ganancias.

La economía de libre mercado, incentivando el interés propio de los empresarios, ha permitido la creación de productos y/o servicios que los consumidores deseaban, y gracias a la competencia se ha introducido variedad y se han reducido los precios. La evidencia en todos los mercados es elocuente al respecto.

Por eso es fundamental seguir promoviendo la competencia a través de un marco regulatorio más eficiente y estable y de mejores prácticas empresariales.

Los casos de prácticas anticompetitivas que hemos conocido en los últimos años son de la mayor importancia para la institucionalidad de libre competencia. En efecto, es fundamental que la autoridad determine correctamente la existencia de conductas contrarias a la libre competencia, y no se guíe exclusivamente por el nivel de concentración de los mercados. De la misma manera, se debe proteger la autonomía de la FNE, evitándose cualquier tipo de captura o instrumentalización política. No solo se deben mitigar las consecuencias negativas de las fallas de mercado, sino también las del Estado.

En este contexto, y a partir de la experiencia internacional, hay que revisar las buenas prácticas en la implementación de la legislación antimonopolio. Medidas tales como la implementación de sanciones penales o la fijación de niveles de concentración máxima no han resultado ser eficientes en el combate contra los comportamientos anticompetitivos. En ambos casos, los consumidores se verían perjudicados y desaparecen los beneficios de la delación compensada y la capacidad para disuadir eficientemente la conducta antes señalada. La autoridad debe hacer todos los esfuerzos para reducir las barreras a la entrada y salida. Mientras más actores participen en un mercado y mientras menos restricciones existan para ingresar a éste, las probabilidades de colusión tienden a disminuir.

Asimismo, es importante contar con suficientes medios y herramientas para persuadir a quienes se ven tentados a actuar contra la competencia. El marco institucional ha evolucionado positivamente a través de la delación compensada y el fortalecimiento institucional de la FNE.

Más temprano que tarde estas iniciativas deberían generar un cambio cultural que permitan mejorar la competitividad y sustentar un mayor desarrollo económico en el país.