Las amnesias del MINEDUC: el 2011 como pantalla moral

Si tuviéramos que reflexionar acerca del deterioro del proyecto de ARCIS, hay razones que no han salido a la luz pública a raíz de la feroz mediatización de nuestros escándalos. Sin perjuicio de ello, hay motivos "últimos" que se han visto enturbiados por el "festín mediático", por las dudas y sospechas que aún pernoctan en la opinión pública. A decir verdad, un proyecto de estas características articulado en los "márgenes" del mapa universitario chileno, no "debería" ser evaluado con los indicadores de logro que utiliza la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) (retención, cobertura, infraestructura, clasificadora de riesgos con visos de un "raitil"). Y esto en ningún caso por mero privilegio, menos en el caso de una crisis institucional. De otro modo; para enfrentar una acreditación (de excesivo énfasis financiero) se debían gestionar formas de "capitalización" que la Universidad se rehúso a implementar por diversas consideraciones políticas e ideológicas. Ello es parte de una discusión abierta.

En el orden de los contenidos, el trabajo ensayístico, la experimentación y el texto crítico fueron los recursos que ayudaron a las ciencias sociales a ser "liberadas" de las disciplinas ("léase las disciplinas disciplinan"). Tras la idea de orientar el campo intelectual de izquierdas hacia esa artesanía centrada en el trabajo post-disciplinario, ARCIS represento –más allá de cualquier diferencia ideológica- un insumo pionero que se puede corroborar en una extensa producción académica. Creo que el ejemplo más genuino de producción crítica no indexada, es por lejos la Revista de Crítica Cultural. El nombre de Nelly Richard fue determinante para configurar esta identidad intelectual reconocida en buena parte de América Latina. La idea original consistía en un reto intelectual que enfrentaba la modernización concertacionista, como asimismo, alertaba sobre los vicios de la "tercerización" (desregulación) en materia de educación superior.

El fondo del problema es la devaluación de la razón universitaria –tal como la entendía Castillo Velasco-. Eso ocurrió en los últimos años. Ahí se precipito un desgaste de la idea de "universalidad" (diversidad/polisemia) y los códigos académicos quedaron subordinados a posiciones políticas que terminaron por desfigurar la identidad del proyecto fundacional. Es curioso que la Nueva Mayoría, pese a su jangler por una educación pública de orientación estatal, se encuentre incondicionalmente apegada a la "normativa vigente" y no haya concebido ningún espacio de dialogo para proyectos experimentales –la clamada extensión del "régimen público"- que contribuyeron en algún momento de su historial en la producción de los "bienes públicos". Y ello pese a que muchos funcionarios del sector público, algún Diputado o Ministro, "se me ocurre", tuvieron algún paso formativo en los célebres post-grados de Jacques Chonchol o Gabriel Salazar. A decir verdad, algo conocen de este proyecto. Más allá de la actitud conservadora del oficialismo, el emergente Administrador Provisional (AP, ley N° 20800), da cuenta de un instructivo concebido para Universidades masivas-galácticas que pueden tolerar fuertes procesos de re-estructuración económica en virtud de su portentosa capacidad financiera. Por ello resulta inadmisible comprender esa "fanfarronería progresista" sobre una figura remedial, instrumental, que no soluciona problemas sustantivos, sino que es un instrumento privatizador que solo rentabiliza los bienes e inmuebles del espacio que será intervenido.

El Administrador Provisional para Instituciones de Educación Superior, es una figura concebida para proyectos autosustentables en los indicadores de mercado, ad hoc al capitalismo académico. La Nueva Mayoría, atendiendo a sus pancartas electorales, debería sopesar los alcances de esta materia, evitando la "dadiva populista" cuando una institución cae en desgracia, pero cautelando la tentación de privatizar conflictos que tienen efectos públicos ("los estudiantes, las familias y sus frustradas expectativas"). Si algún iluso cree que aquí se expande el "régimen de lo público", se trata de una posición muy aventurada. La puesta en práctica de un mecanismo "experimental" (AP) equivale a un instrumento de estricta des-regulación estatal; la extensión del Estado mínimo. Durante los sucesos que tuvieron lugar el año 2014, en medio de la más caótica de todas las crisis, la comunidad arciana reclamó por distintas vías algún tipo de "indicación estatal" representando la vocación pública del proyecto de Castillo Velasco. De última se invocaba algún pronunciamiento ministerial cediendo –inclusive- los bienes e inmuebles que aún son parte del patrimonio físico (algo que no fuese el "sanitario" DFL2). Por momentos la respuesta del MINEDUC, obviando radicalmente la inflexión del año 2011, fue muy similar a la posición del Ministro Beyer en el caso de la Universidad del Mar. Sres, ¡se trata de un conflicto entre privados y no podemos ir más allá del imperio de la ley¡ The End.