Las relaciones familiares del Chile refundado, o como la retroexcavadora sigue cavando

Si algo ha caracterizado el segundo gobierno de la Presidente Bachelet ha sido su ímpetu deconstructor, refundacional; aquello que el Senador Quintana (PPD) describiera  como la aplicación de "la retroexcavadora". Con todo, la mirada del país ha estado puesta casi exclusivamente, salvo contadas excepciones, en las reestructuraciones tributarias, educacionales y constitucionales. Sin duda ellas son muy relevantes, pero no son las únicas. En ese sentido, no deben obviarse los esfuerzos que se están realizando por parte del Ejecutivo, con menos bombo pero tal vez con mayor impacto a largo plazo, en un área del mayor interés político: las relaciones familiares. Nos referimos en particular al proyecto que establece el sistema de garantías de la niñez (Boletín Nº 10.315-18), aún en su primer trámite en la Cámara de Diputados.

A primera vista, y según la intención públicamente declarada del proyecto, este parece perseguir un objetivo noble y necesario: generar una "ley marco" para garantizar los derechos de los niños.  Sin embargo, y como en el pasado instó a hacer el ahora oficialismo, hay que mirar la letra chica para advertir cuáles son los objetivos reales del proyecto, y las consecuencias de su eventual aprobación.

En efecto, el proyecto se construye sobre una lógica de oposición entre padres e hijos, asumiendo desde un inicio la sospecha en contra de los papás, quienes a priori son mirados como los principales violadores de los derechos de sus hijos. Esto es claro si se revisan las presentaciones del gobierno ante el Congreso. En ellas se señala expresamente que el supuesto de aplicación de la ley es que el niño "se encuentra limitado en el ejercicio de sus derechos a causa de falta o insuficiencia en el ejercicio de los deberes de orientación y cuidado de quienes lo tienen a su cargo", . Nótese que el proyecto no considera que sea el Estado quien pueda violar sus derechos, siendo que este es el paradigma clásico de los DD.HH. Ante el escenario descrito, el gobierno pretende que se le dé el poder de usurpar el lugar de los papás en relación a sus hijos, ejerciendo en su reemplazo el rol "de orientación y cuidado" para que los niños puedan ejercer los derechos que presuntamente no gozarían porque sus papás no se lo han permitido.

¿Quién será el llamado a determinar si se han violado o restringido esos derechos? El mismo gobierno. El proyecto busca otorgar poderes al Ministerio de Desarrollo Social para que evalúe y dictamine, sin control judicial previo, que los papás han incurrido en vulneraciones de derechos y así decretar "medidas de protección".

Desde luego, nadie podría sensatamente negar que el Estado debe intervenir si un niño se encuentra en grave peligro para su vida o su salud. Pero si eso ocurre en los hechos, hoy son los tribunales de justicia quienes pueden decretar medidas de protección, llegando incluso a ordenar la separación de los niños. No obstante, el proyecto va mucho más allá de eso.

Así, la carta de derechos que él consagra –los que teóricamente son reflejo de la Convención de los Derechos del Niño, aunque en la práctica innova y crea nuevos derechos controversiales– aborda no solo el resguardo de la vida y la salud, sino también el derecho a opinar, a la recreación, la libertad de asociación, etc. los que se pretende que los niños ejerzan al modo de los adultos, al modo de adultos, en cuanto van "alcanzando su autonomía". Luego, los papás pueden ser responsabilizados de violar los derechos de sus hijos menores cuando, en su calidad de padres educadores, toman decisiones sobre la disciplina y la formación con las que sus hijos discrepen (todos los papás tenemos casos), apelando al gobierno para que los auxilie en ejercer su derecho, por ejemplo, a ver televisión (derecho a informarse libremente), a no estar castigado en su pieza durante el fin de semana (libertad personal) o irse de su casa con su pololo o polola  (libertad de asociación).

En síntesis, el proyecto busca entregarle el poder al gobierno de turno para pronunciarse si considera que nuestras decisiones como papás en el criar a nuestros hijos están bien o mal; y si considera que lo estamos haciendo mal, porque "violamos sus derechos", puede tomar las medidas de protección que estime procedentes, incluyendo ordenar la participación en cursos de "fortalecimiento familiar" y monitoreo de la familia, en los no cabe descartar, dadas las disposiciones de la ley, que se nos enseñará por qué somos violadores de derechos de nuestros hijos en razón de nuestras decisiones de crianza y educación.

Por cierto, pretender que este proyecto cambia en alguna medida la trágica situación de los niños que se encuentran bajo la tutela del Estado es una farsa. De hecho, si es que bajo el proyecto de ley el Estado considera que existe una violación de derechos que requiere de la más severa medida de protección –remover a los niños de sus familias– ¿Dónde irán a parar esos niños? A los mismos centros del Sename que ya existen y no se han reformado, si es que no existen otros familiares que puedan cuidarlos.

¿Por qué hacer todo esto? Es posible pensar que tras el envío de este proyecto subyace el anhelo del "nuevo Chile" que se ha manifestado en otros planos. Así como en el pasado se buscaba la creación del "nuevo hombre", hoy se requiere la creación de la "nueva familia". En esa clave, y como lo describe el filósofo polaco Ryszard Legutko, la "democratización de la familia" exige que la autoridad parental se derrumbe, que los niños sean "liberados" de la tutela parental y que las relaciones familiares sean cada vez más de negociación y menos de autoridad. Se trata de transferir poder desde los padres a los hijos. Pero como los niños (¿habrá que decirlo?) siguen siendo niños, ellos necesitan figuras paternas y maternas que los ayuden a desenvolverse en sus vidas. Si no están ahí los padres o quienes ocupen su lugar (tíos, abuelos, etc.),  ese papel lo terminará desempeñando el Estado. Dicho de otra forma, no es verdaderamente una cuestión de más libertad o autonomía a los niños, sino de la distribución del poder para actuar como padres.

Como puede verse, a la retroexcavadora aún no se le acaba la bencina, y si no se le frena, este proyecto puede ser el que deje el forado más profundo de todos.