Ley de inclusión escolar: ¿vaso medio vacío o medio lleno?

La Ley de Inclusión Escolar que se tramita en el Congreso, en su estado actual puede verse con el enfoque de un vaso medio vacío o medio lleno, dependiendo del baremo que se utilice para evaluarla.

Si se compara la forma que ha tomado la ley en relación a la situación que vive hoy la educación, sin duda se trata de un avance para la equidad y calidad. Actualmente sabemos que la mitad de las escuelas seleccionan a sus alumnos a pesar de la prohibición establecida por la Ley General de Educación (ver Carrasco, Flores, Bogolasky, Gutiérrez y San Martín 2014). Esto en establecimientos subvencionados, es decir, financiados por todos nosotros vía impuestos. Promover la inclusión a través de un sistema de selección que no deje al arbitrio de los establecimientos educacionales el descartar estudiantes por su origen social, representará un avance indiscutible en el mediano plazo. Así, retrasando la selección y la división de estudiantes en distintas trayectorias educativas, es que han avanzado las reformas educativas más exitosas de los últimos 50 años en el mundo.

La supresión de la selección se acompaña, además, de la eliminación gradual del copago y de un aumento histórico en la cantidad de recursos dedicados a la educación. De esta forma se empieza a nivelar la cancha en términos de oportunidades para los estudiantes, y también en el concierto internacional, donde Chile aparece como uno de los países que menos recursos públicos invierte en educación—y donde las familias se llevan un mayor peso por los gastos en educación obligatoria.

Si bien es necesario esperar a completar el trámite legislativo de la propuesta de ley, parece que va en el camino correcto para la inclusión. Sin embargo, se advierte desde ya que será necesario cuidar los detalles de los reglamentos asociados a dicha normativa, pues en ellos se definirán elementos relativos a la implementación que son cruciales para la implementación exitosa de la ley.

Desde una perspectiva distinta, la ley puede verse como un avance incompleto hacia una verdadera inclusión en educación en varios sentidos. En primer lugar, la propuesta de ley deja fuera a los niños con necesidades educativas especiales permanentes. Ellos, al día de hoy, para recibir educación inclusiva dependen de la voluntad de los establecimientos que deciden tener proyectos de integración, y no tienen asegurado cupo en el sistema de admisión.

En segundo lugar, la propuesta de ley genera un sistema con tres castas de escuelas. La primera casta son las particulares pagadas que pueden seleccionar por capacidad de pago, y adicionalmente vía aplicación de exámenes de admisión. En investigación siempre debemos cumplir con altos requerimientos éticos para aplicar instrumentos de evaluación, y a los colegios se les permite hacer uso de esos instrumentos aún en detrimento de los niños que no son aceptados. La segunda casta son los establecimientos que tendrán la excepción para seleccionar 30% de los estudiantes. La casta más baja es la de colegios que no pueden seleccionar. Así, con los impuestos que todos pagamos, financiamos un sistema de educación obligatoria que, en vez de ser un derecho equitativo, ofrece derechos diferenciados según el origen social de las personas.

En suma, la ley avanza en el sentido correcto de la inclusión, pero se queda corta para hacer de todas las escuelas financiadas por el Estado establecimientos al servicio de todos los niños, independentemente de su origen social, rendimiento previo y tipo de necesidades educativas especiales.