Lo público supera a lo estatal


EN LA reciente discusión de presupuesto se ha producido una polémica respecto al apoyo del Estado a las universidades de función pública. Las universidades estatales han solicitado un trato prioritario, lo que lamentablemente se ha dado a expensas de los recursos de otras universidades de función pública. Esto se ha realizado desconociendo acuerdos del consejo pleno del Cruch, -en el sentido de velar por asegurar los recursos del AFI, que beneficiarán a estudiantes con brechas académicas-, lo que ha generado un evidente quiebre de confianzas al interior del Consejo.

Es importante insistir en el rol público de las universidades. La función y vocación pública supera ampliamente la naturaleza jurídica de una institución; lo público va más allá de lo estatal, lo supera en beneficio de las personas. El compromiso público de las universidades no se relaciona solo con su estructura de propiedad. Seamos rigurosos, esta es la real situación en los países líderes en educación superior. Hemos reiterado que por supuesto el Estado debe apoyar el desarrollo de sus instituciones, pero esto no puede ser a expensas de dañar al resto del sistema universitario de carácter público.

En nuestro país, la educación pública universitaria no estatal tiene más de un siglo de tradición, e incluye instituciones de función y vocación pública, con misión e identidad propia, que aportan a Chile en los diversos aspectos de la sociedad. Este grupo de universidades, -agrupadas en la Red G9-, ha tenido un liderazgo y rol indiscutible, y hoy representan a cinco de las 10 universidades de mayor calidad en el país. Esta entrega se realiza a través de la formación de personas y de la creación de nuevo conocimiento. Su aporte social se manifiesta en una variedad de bienes públicos que contribuyen al crecimiento del país. Desde su origen han estado vinculadas a la ciudadanía, que ha impulsado su fundación y desarrollo, especialmente en regiones.

Desde el punto de vista jurídico, ya en el DFL 7.500 de 1927, se expresa que las universidades del Estado y "las particulares, reconocidas como cooperadoras de la función educacional", son personas jurídicas de derecho público. Esto se refuerza en el DFL 4.807 de 1929, y en el DFL 5.469 del mismo año. Estos antecedentes, -que tienen una historia casi centenaria-, indican que Chile ha reconocido a estas universidades creadas antes de 1981, lo que representa una responsabilidad del Estado. Sin embargo, hoy se pretende desconocer este aporte y se plantea una clara discriminación, favoreciendo abiertamente a las universidades estatales. Por esto, es nuestra obligación realizar acciones legales para evitar esta discriminación.

Hoy, la red G9 reúne a nueve instituciones -ocho de ellas regionales-, que presentan gran calidad en diferentes ámbitos del quehacer académico. Cuentan con el mayor promedio de años de acreditación; en pregrado y posgrado representan más de un 40% de la matrícula de las universidades del Cruch, -con estudiantes talentosos y vulnerables-, y además la mitad de los alumnos y programas de doctorado. Los académicos, titulados y graduados, son un 50% del Cruch. En investigación, representa más de la mitad de los proyectos Fondecyt y de las publicaciones indexadas, con una mayor calidad e índice de impacto y el 75% de los proyectos de desarrollo y transferencia tecnológica. Además, el G9 tiene claro liderazgo en proyectos de innovación, patentes y licenciamientos.

El país no puede permitir que la calidad de este grupo de universidades, -que ha significado en algunos casos más de cien años de arduo trabajo-, se dañe por una falta de reconocimiento a su aporte al desarrollo de nuestra nación. Esto significaría una lamentable falta de visión en la reforma a la educación superior, la que no podemos aceptar.

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