Memoria y mercado




ANTE EL debate que se ha producido por la declaración de Monumento Nacional de la Villa San Luis, surge la pregunta: ¿Qué podemos hacer como sociedad para avanzar desde un modelo de desarrollo económico neoliberal a otro más humano, sustentado en la naturaleza y en el reconocimiento del patrimonio histórico?

La llamada Villa San Luis es un lote de 15.142 m2 ubicado frente a la Av. Presidente Riesco, de Las Condes, está compuesto de dos sitios; el 18 A1 de 5.473 m2 con 2 bloques de edificios de 5 pisos, hoy abandonados y semi demolidos; y el segundo el 18 A2 de 9.669 m2 con dos bloques que corren paralelos a los límites de los Pasajes O'Connell y Urano.

Estos edificios y su terreno, hoy evaluado en 100 millones de dólares, son los últimos vestigios de lo que fuera la Villa Ministro Carlos Cortés, uno de los proyectos más emblemáticos de solución habitacional e integración social del gobierno de Salvador Allende, el que consideraba 24 bloques de edificios de 5 pisos con una arquitectura moderna que albergaba a 1.038 familias. Fue construido el año 1972 y en el proyecto trabajaron destacados arquitectos chilenos como Miguel Lawner, Miguel Eyquem y Cristián Fernández Cox, este último Premio Nacional de Arquitectura 1997.

Con la llegada de la dictadura las familias fueron desalojadas, pasando los terrenos como usufructo y propiedad al Ejército de Chile, que en 1996 los vendió a la Inmobiliaria Parque San Luis S.A. quien desarrolla el Proyecto Nueva Las Condes, un "Central Business" compuesto de 12 modernas torres de última generación, "full design", que alberga los edificios corporativos de las empresas que son propiedad de los grupos económicos más importantes del país. Y para completar este Proyecto falta la construcción de 6 torres de 20 pisos- las que cuentan con anteproyecto aprobado- en los dos lotes que quedan de lo que fuera la Villa Cortés.

Un grupo de antiguos habitantes de la Villa y vecinos se han movilizado en la defensa de los vestigios de la Villa Cortés para honrar su memoria, solicitando al Consejo de Monumentos Nacionales que ellos sean declarados Monumento Nacional. Por decisión del Consejo se declara como MN al sitio A1, lo que es ratificado por la ministra de Educación y recomienda ampliar la protección a los dos lotes. Esta declaratoria me parece adecuada, por la importancia que tiene el resguardo del patrimonio y la memoria.

El problema es que días antes de la declaratoria, sin contar con permiso municipal de demolición, les "tiraron la bola" a los dos bloques del sitio A1, dejándolos convertidos en una ruinas inutilizables, perdiéndose la posibilidad de que éstos y el sitio se reconvirtieran de manera contemporánea en un parque cultural verde que homenajeara esa memoria.

Por otro lado la Cámara Chilena de la Construcción ha puesto el grito en el cielo porque considera extemporánea e ilegal la declaratoria, y los inversionistas detrás del proyecto van a judicializar el caso, para revertir la situación. ¿Qué hacemos como sociedad en este caso?, donde una vez más se enfrentan el mercado feroz que promueve la segregación y una modernidad "high tech", con la necesidad de desarrollar un modelo de sociedad más humano que reconoce su historia, la que incluye el violento tránsito de un gobierno popular a un gobierno militar, que es a mí parecer el dedo puesto en la llaga.

El desafío consiste en salir con altura de miras y como sociedad de este problema. Desde la provincia, pienso que un posible camino sería la constitución de una mesa de trabajo en la que participen el municipio, la inmobiliaria, el Consejo de Monumentos Nacionales, el Colegio de Arquitectos, y los vecinos, así como todos quienes sean pertinentes y necesarios, para buscar en conjunto la solución más apropiada.

Una de ellas podría ser la de convocar a un concurso de arquitectura e ideas, para de la mejor manera, conciliar y equilibrar social y espacialmente nuestro patrimonio con un desarrollo sostenible y con identidad.

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