Patrimonio y modernidad




LA RECIENTE declaratoria del denominado "Lote 18-A1" de la Villa San Luis en Las Condes como Monumento Nacional por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, ratificada el pasado miércoles por la ministra de Educación, Adriana Delpiano, pone en evidencia la precariedad de nuestra institucionalidad urbana así como la urgencia de contar con políticas y programas de conservación del patrimonio arquitectónico acordes con el valor tangible e intangible de las obras.

En el caso específico de los terrenos de Villa San Luis, la declaratoria abre un flanco grave de incerteza jurídica, debido a la premura y urgencia con que se tramitó y a los gravámenes que impondría respecto a derechos legítimamente adquiridos por sus actuales propietarios.

Estos últimos, siguiendo la legislación vigente, presentaron un anteproyecto de edificación que fue aprobado por el municipio al cumplir todas las normativas y condiciones urbanas exigidas, e incluso ya había obtenido permiso de demolición. Lo incomprensible de esta situación es que el Estado, que por décadas fue propietario del conjunto y nunca mostró interés en conservarlo como patrimonio, vende el terreno a una inmobiliaria que paga su valor comercial, para que años más tarde el mismo Estado bloquee su desarrollo por presiones políticas.

Nadie duda del valor histórico del proyecto original desarrollado en los años sesenta por el arquitecto de la Coorporación del Mejoramiento Urbano (CORMU)Miguel Eyquem y construido durante la Unidad Popular bajo la dirección de Miguel Lawner como un modelo de integración social basado en los preceptos del urbanismo moderno.

Sin embargo, a casi medio siglo de su construcción, y atendiendo a las dinámicas propias del desarrollo de la ciudad, las dos estructuras que precariamente siguen en pie en el mencionado lote no representan un valor urbano o arquitectónico que amerite su conservación.

Lo que es urgente y necesario, ante la inminente demolición, es poner en valor el patrimonio intangible que representa la historia material de la Villa San Luis y sus pobladores.

En este sentido, si la acción del gobierno y el Consejo de Monumentos Nacionales busca reivindicar la lucha social de los antiguos vecinos, o reconocer el daño producido por los militares al erradicarlos y tomar control del conjunto durante la dictadura, esta reparación es responsabilidad del Estado y no de los inmobiliarios, que compraron de buena fe el predio y no tienen por qué pagar ahora el costo de reparar dichas deudas históricas.

Más que conservar ruinas de bloques irrelevantes, sería más constructivo trabajar junto a los antiguos y actuales propietarios del terreno para incorporar en el nuevo proyecto una sala y muestra que cuente la historia, proceso y contexto en el cual se desarrolló la Villa San Luis.

Si realmente queremos comunicar a las futuras generaciones el valor histórico del conjunto, mejor sería una exposición permanente o memorial similar al galardonado pabellón de Chile en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2014, que gracias a la curatoría de Pedro Alonso y Hugo Palmarola logró rescatar y poner en relevancia la historia del sistema constructivo KPD, también desarrollado durante la Unidad Popular.

De esta manera preservaremos no solo el valor histórico, sino también la certeza jurídica de un nuevo proyecto que ha cumplido con todas las normativas y que sin duda será también un gran aporte al que hoy es uno de los principales barrios de comercio y servicios de la capital.

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