Políticas de fijación de precios máximos: la preocupante miopía en materia económica

Este gobierno, desde un principio, se ha presentado como un gobierno de reformas estructurales, es decir, un gobierno que le cambiaría para bien la cara al país. Y ciertamente lo ha hecho, pero precisamente al revés de lo que se tenía presupuestado. El país está en un escenario pre- recesivo. El crecimiento ha sido más que escuálido, el aumento de los salarios y la contratación asalariada ha caído  y la inversión ha ido cayendo sostenidamente desde los inicios de las políticas económicas de este gobierno.

Una de las áreas que más ha desarrollado este gobierno es la fijación de precios. Ciertamente que hay fijación de precios en una serie de materias en las cuales se opera de forma monopólica, como en energía, pero los precios que se determinan por la autoridad son precios de mercado.  Por tanto de lo que estamos hablando es de la peor política de fijación de precios, la de precios máximos.

Esta política sesentera, de una forma un tanto inconsciente, ha sido una de las formas de intervención del Estado en la economía que ha pasado de forma más desapercibida para las políticas económicas. Y las dos áreas que han sufrido esta intervención –que además se podría plantear como inconstitucional- han sido el transporte público y la educación superior.

Lo natural, si hay un monopolio natural, como el de la locomoción colectiva, es que el precio se fije a valor de mercado y que si se quiere subvencionar se haga directamente a la demanda. El sistema de subsidio a la oferta exige nivel bajos de corrupción que lamentablemente, como ya es evidente, el país no tiene. Pues bien en esta área se han fijado precios máximos que hacen que se discipline la calidad y frecuencia del servicio; y en materia educacional el escenario es peor aún por cuanto no existe monopolio alguno.

La política de fijación de precios debería replicar la lógica del mercado, pero no es así. Este gobierno conscientemente ha fijado precios máximos a través del arancel referencial. Pues bien, en este sector, como se ha estado anunciando vox populi las universidades, que entraron a la gratuidad, están desfinanciadas. Y, las que más lo están, son las privadas creadas después de los 80, por cuanto las del consejo de rectores cuentan aportes directos del Estado. Esta es una intervención directa del Estado en la formación de nuestros jóvenes, que nos lleva, además, a dudar de su requerida neutralidad regulatoria.

En estas dos áreas se puede apreciar cómo, sin una mayor crítica, en los dos gobiernos de Bachelet se ha transitado desde un sistema de mercado con focalización social a un sistema de fijación de precios máximos (no de fijación de precios de mercado).

La consecuencia de esto es muy simple. La creación de un transantiago en la educación superior  y el desfinanciamiento exacerbado de las entidades educacionales, muchas de reconocido prestigio, llevarán en que en algún momento tengan que reducir dramáticamente sus costos. Estamos hablando de reducción o no crecimiento de infraestructura, despidos y reducción de la investigación.

Naturalmente, ello redundará en que la supuesta educación gratuita será de muy mala calidad, y como muchas universidades no entraron en dicho sistema tendremos, al final del día, un sistema aún más segregado: una educación deficiente (bajo los costos de mercado) en la educación gratuita y una educación de mejor calidad en la educación pagada (con precios de mercado). Por ello precisamente es que es tan importante poder revertir estas malas políticas públicas, volviendo al sistema original, pero con mayor focalización en las personas más vulnerables.