Políticas y datos

*Esta columna fue escrita junto a Fabrizio Scrollini Coordinador Ejecutivo

Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA)

¿Cuánto se gasta en el presupuesto nacional? ¿Cuánto paga el Estado por ciertos productos y servicios? ¿Qué tipo de aportes reciben los candidatos en las campañas? Durante los últimos 5 años, un grupo incipiente de personas y organizaciones en América Latina han comenzado a buscar respuestas a esta y otras preguntas, usando las tecnologías de la información y comunicación y los datos públicos y, de esa manera, construir formas más eficaces de gestión pública y favorecer nuevos espacios de participación. La llamada agenda de datos abiertos, supone que los Estados deben liberar la información que tienen en su poder, en formatos técnicos y legales, que permitan la re-utilización, por parte de la sociedad, para crear valor económico, social y público. Las políticas de datos abiertos son una parte esencial del enfoque de Estado Abierto, promovido desde distintos foros y organismos internacionales como la CEPAL, la OCDE, la OEA, que supone un nuevo paradigma de relacionamiento entre gobierno y sociedad, basado en la apertura. El Estado Abierto puede definirse como un conjunto de mecanismos que contribuyen a la gobernanza pública en los diferentes poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y niveles estatales (gobiernos regionales y municipios), basado en los pilares de la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, centrado e incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, así como en la formulación e implementación de políticas públicas, para fortalecer la democracia, la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo.

Los datos abiertos constituyen un eje central de esa visión pues constituyen la infraestructura básica sobre la cual la ciudadanía puede construir nuevas formas de participación. Al liberar los datos, los Estados permiten a la ciudadanía mejorar su trabajo y recibir retroalimentación del mismo. Ello implica superar la visión tradicional de gobierno electrónico, que busca automatizar procesos de forma interoperable, pues ahora existen otros actores que también utilizan los datos del gobierno para construir nuevas herramientas. Las políticas de datos abiertos suponen un cambio en la forma de ver al gobierno digital solo como una mejora en los diseños de páginas web, procesos administrativos y digitalización de trámites. Consecuentemente, países como el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, y en la región, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Costa Rica y México han establecido políticas de datos abiertos, generando reglas del juego claras y un marco institucional que ofrece garantías de base a quienes re-usan los datos y establece incentivos para nuevos usos a nivel económico, social y cívico.

Chile no es ajeno a esta evolución. Centros académicos, organizaciones de la sociedad civil, hackers cívicos, entre otros, han hecho uso de los datos. Organismos, como el Consejo para la Transparencia de Chile, han promovido la liberación de datos en formatos reusables. Asimismo, Chile ha firmado la Carta Internacional de Datos Abiertos, la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto y ha organizado el evento regional de mayor importancia en este campo: ABRELATAM - CONDATOS en el año 2015. Sin embargo, todos estos avances no se han cristalizado en una política de datos abiertos que efectivamente ordene el proceso a nivel administrativo y ayude a estructurar las bases de nuevas formas de participación, colaboración y mejora de la gestión pública de cara a los desafíos del siglo XXI.

Aunque aún queda un largo camino por recorrer, el sentar bases institucionales sólidas para favorecer el uso de los datos es clave. De no establecer una política clara, es posible que sigan emergiendo iniciativas aisladas, dentro del sector público y la sociedad civil, pero que no encontrarán forma de articular y agregar valor. Habiendo liderado por mucho tiempo la agenda de transparencia y apertura gubernamental en América Latina, Chile tiene la oportunidad de mejorar su marco institucional, adecuándose al siglo XXI y sumándose a una vanguardia de países en la región.