Registro de Corredores de Propiedades: una tarea pendiente

En noviembre del 2015, un grupo transversal de diputados presentó un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Corredores de Propiedades, en un nuevo intento por regular la actividad, dar cumplimiento a una antigua demanda de la industria, y por sobre todo, devolver al consumidor una herramienta que alguna vez existió en nuestra legislación.

Esto último, ya que hasta el año 1989 el corretaje de propiedades se encontraba debidamente normado en nuestro país, y cualquier persona –natural o jurídica– que quisiere ejercerlo, debía cumplir previamente con una inscripción obligatoria y habilitante en un Registro Nacional, que se encontraba bajo la supervisión del Ministerio de Economía.

Sin embargo, con el correr de los años, y en el marco de la liberalización que tuvo la economía chilena en su conjunto, se tomó la determinación de derogar este Registro junto con todas las normas que regulaban el rubro, dejando así al corretaje de propiedades absolutamente desprovisto de todo control y posibilitando que, hasta el día de hoy, cualquier persona pueda dedicarse a él sin limitaciones ni exigencias mínimas que protejan al cliente o consumidor, con los inmensos riesgos que implica esto.

Las consecuencias de esta decisión, lamentablemente, están a la vista: a la fecha, se estima que en Chile existen más de 14 mil corredoras, de las cuales un porcentaje importante ha dañado la imagen de la industria, ya que definitivamente ejercen el corretaje de manera "poco profesional" o "informal", dejando a los clientes bajo total desprotección en el proceso de la transacción inmobiliaria y desarrollo del servicio, y por supuesto, con escaso resguardo de su patrimonio.

Por ello, desde nuestra agrupación, Circulo de Corredores de Propiedades, vemos con preocupación que el proyecto que crear un Registro Nacional de Corredores de Propiedades, esté cumpliendo un año y medio sin tramitación en la Comisión de Economía, misma instancia legislativa que, en junio pasado, archivó otro proyecto sobre la materia, que databa desde el año 2008 y que estuvo prácticamente una década sin poder, siquiera, pasar a Sala de la Cámara.

En este sentido, es importante hacer un llamado a los diez diputados que firmaron esta iniciativa (boletín 10391-03), a empujar la discusión de este proyecto, ya se hace urgente avanzar en la regulación del corretaje, especialmente para resguardar los principios de buena fe, de certeza jurídica y de libre circulación de los bienes, que deben regir las transacciones inmobiliarias.

Asimismo, como agrupación creemos que es importante resaltar que un aspecto que queda pendiente, al menos en la primera versión de este proyecto, es entender completamente qué rol jugará dicho Registro Nacional.

¿Cuáles serán las exigencias que se deberán cumplir para ingresar?, ¿qué obligaciones impondrá a sus miembros?, ¿se solicitarán estudios o cursos para formar parte?, ¿qué pasará con la gente que no está registrada y ejerza igualmente el corretaje?, son algunas de las interrogantes aún pendientes.

El problema es que, si estos puntos no están claros, el mencionado Registro puede convertirse en letra muerta, producir concentración de mercado o simplemente en burocracia para quienes ejercen el corretaje. Pero, por el contrario, si se le da un buen uso y va ligado un proyecto claro y con visión de futuro, el potencial de beneficio que puede traer para el mercado inmobiliario, pero especialmente para los consumidores, podría ser inmenso. Desde nuestra organización, esperamos que así sea.