Rodrigo Melinao y el polvorín mapuche

Un 12 de agosto, pero de hace cuatro años, fue asesinado por Carabineros el joven mapuche Jaime Mendoza Collio. Reivindicaba tierras usurpadas a su comunidad en la primera mitad del siglo XX, ello por parte de colonos que a punta de corridas de cerco, compras fraudulentas e incluso asesinatos se hicieron de extensos campos de cultivo en la comuna de Ercilla. Colonos chilenos y europeos arribados a la zona tras concluir la mal llamada "Pacificación de La Araucania" y que, en los 70', volvieron a llegar en masa, esta vez al alero de la Corporación de Reforma Agraria y el gobierno de Salvador Allende. Son los actuales "parceleros" no indígenas que cada tanto pueblan los noticieros, la mayoría de las veces como víctimas de hostilidades mapuche. El fundo que reivindicaba Jaime Mendoza y su familia era el San Sebastián, en los límites de la comuna de Ercilla y Angol, colindante con su comunidad la Requem Pillan. Lo hacían de forma pacífica, ocupando simbólicamente uno de sus accesos, pero ello fue suficiente para terminar, al final del día, baleado a sangre fría en un potrero.

A Jaime Mendoza lo mató un tirador escogido del GOPE a un par de kilómetros del fundo. Legítima defensa señalaron a coro el Alto Mando de Carabineros y autoridades del entonces gobierno de Bachelet. Hasta mostraron, por televisión, un chaleco antibalas y un casco policial plagado de perdigones. Pero todo resultó ser un montaje, una burda puesta en escena. Al descubierto lo dejó la PDI, quien estableció que Jaime fue ejecutado extrajudicialmente mientras huía desarmado por un predio colindante al fundo. Ejecutado y por la espalda. "No hablamos de una falta, hablamos de un delito de la máxima gravedad, encubrimiento y eventualmente obstrucción a la investigación", subrayó Jaime Madariaga, abogado de la familia Mendoza-Collio, al hacerse público el informe de la PDI. Poco y nada aconteció. El cabo del GOPE, tras un juicio castrense y una condena ridícula, hoy sigue en servicio activo. Ningún proceso abrió fiscalía militar por el montaje. "Nos cazaron como conejos", me señaló un primo de Jaime a quien entrevisté a las pocas horas en las cercanías del fundo desalojado. "Como conejos", repetía, aun tembloroso.

No muy lejos de donde fue asesinado Jaime fue encontrado muerto la semana pasada Rodrigo Melinao Lican, de 26 años. Un disparo de escopeta en el tórax, a corta distancia, determinó el SML. ¿Quién asesinó a Rodrigo mientras transitaba a medianoche por el campo? No se sabe. La familia responsabiliza a Carabineros y la tesis, que a otros pareciera afiebrada en una "democracia", cobra un tenebroso realismo atendiendo la historia de Jaime. Y de Matías Catrileo. Y de Alex Lemún, este último, adolescente mapuche de 16 años también ultimado por Carabineros en la comuna de Ercilla, en su caso de un escopetazo en la cabeza. Otros hablan de un ajuste de cuentas interno, de un "malón", como se denomina a la justicia mapuche tradicional, consecuencia de rencillas políticas de público conocimiento entre los mapuche de la zona. Tarea de la PDI esclarecer el móvil y los responsables. Lo único claro, hasta ahora, es la biografía de Rodrigo. Un joven mapuche como Jaime, padre de familia, procesado y condenado por causas vinculadas a la lucha por la tierra. Y es que al igual que Alex, que Matías y que Jaime, la comunidad de Rodrigo, la Rayen Mapu, también enarbola un reclamo territorial no resuelto. Sobre predios de parceleros no indígenas y empresas forestales. ¿La respuesta gubernamental? un cerco policial implacable.

Es una historia que se repite hasta el cansancio. En Ercilla y muchas otras zonas donde para los mapuche el Chile OCDE no es otra cosa que sinónimo de discriminación y pobreza. Una semana antes del crimen de Rodrigo conocí el caso de la "reducción Curihuentro", en Galvarino. Su historia resulta emblemática. Mapuches sin tierra, en la periferia de una comuna cuya 70% de población es mapuche. Tierras usurpadas por colonos suizos, la familia Bachmann, arribados a la zona tras la "Pacificación", según denuncian los descendientes del cacique original. ¿El modus operandi? Compras fraudulentas, arriendos por 99 años, un par de asesinatos que debidamente jamás se investigaron. Los descendientes de la "reducción Curihuentro" son los originales habitantes del valle donde hoy se emplaza parte de la ciudad de Galvarino. Así lo prueba un Titulo de Merced del año 1885, documento histórico que da cuenta de la legitimidad (y legalidad) de su reclamo. El título lleva la firma de Teodoro Schmidt, ingeniero alemán encargado de medir y trazar los planos del despojo mapuche. Una verdadera joya para historiadores. Y prueba inculpatoria del rol del Estado en la invasión militar y posterior remate de tierras al mejor postor.

¿Esperarán las autoridades que alguien muera para abordar la demanda de Curihuentro? Todo apunta en ese sentido y he allí la tragedia que se vive en los campos de Wallmapu. Militarización y judicialización de la demanda de tierras. Carabineros y fiscales del Ministerio Público haciendo la pega de la clase política. Sume a ello la Ley Antiterrorista y el coctel resulta explosivo. Lo advirtió hace poco el Relator de la ONU, Ben Emerson, el mismo a quien el ministro Chadwick no dudó en calificar como "desinformado". "Chile no enfrenta una amenaza terrorista", aclaró Emerson, pero si el riesgo de que el conflicto se agrave de no optar por un abordaje adecuado. De no ser así, advirtió, el escenario actual "podría escalar rápidamente y convertirse en disturbios y violencia generalizada". ¿Y qué entiende el relator por un abordaje adecuado? Una estrategia nacional diseñada en conjunto por el Gobierno y una Comisión Consultiva Nacional, que incluya el fin de la criminalización de la protesta social mapuche y la "repatriación de las tierras" en disputa. ¿Es esto último posible? Absolutamente. Pasa por voluntad política y billetera fiscal. Es que tampoco hablamos de millones de hectáreas. O de expulsar a los no mapuches a la ribera norte del Biobio.

<em>Nadie en su sano juicio ha planteado –hasta ahora- tamaño delirio étnico.<strong> ¿O alguien en verdad espera ver desenterrada el hacha mapuche de la guerra para hacer algo?</strong></em>

La lucha por la tierra es hoy la cara más dramática de un conflicto centenario que nos duele a todos y que, en otros planos, interpela a Chile en su sistema democrático, modelo de desarrollo y estructura de Estado. Abordar esta demanda es un acto de justicia histórica. Y de reconciliación de Chile consigo mismo. No esperemos que alguien más muera para entenderlo, bien sea de apellido Luchsinger o Melinao. La Araucania, para ustedes, el Wallmapu, para los mapuche, es un territorio bicultural llamado a ser compartido. ¿Es posible dar con formas democráticas de convivencia? Por supuesto. Un proceso de reconciliación nacional es lo que demanda no solo la ONU, también el sentido común de todos quienes habitamos esta bella tierra. Ley de Amnistía para los delitos no de sangre, justa reparación económica a víctimas de la violencia rural (sean mapuche o agricultores), freno a la expansión forestal que agobia a comunidades locales (indígenas o no indígenas), reales espacios de participación política y ejercicio de derechos, todas medidas posibles de transitar de existir la voluntad de hacerlo. ¿Estaremos a la altura del momento histórico? Ercilla, Vilcún, LleuLleu, Tirúa, polvorines sociales a punto de estallar. No esperemos sea demasiado tarde.