Sociedad civil y donaciones: una brecha que cubrir




Un reciente estudio del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y la Fundación Chile + Hoy muestra que en el año 2015 las donaciones a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) registradas en el Servicio de Impuestos Internos alcanzaron los US$250 millones. Esta cifra representó el 0,1% del PIB ese año. Además, señala que ha existido un aumento en el monto de las donaciones totales y que también se han incrementado de manera significativa el número de donantes registrados –personas y empresas– en la última década, superando los 60.000 donantes.

Las OSC son instancias que permiten canalizar el interés público aportando en una diversidad de dimensiones, proyectos, servicios e iniciativas que contribuyen al desarrollo de nuestro país. La contribución de estas organizaciones es distinta a la labor del Estado y del mercado; tienen mayor cercanía a las personas con que interactúan, son innovadoras, movilizan a la ciudanía en torno a desafíos que afectan a la sociedad y son fuente de confianza y capital social. Por estas y muchas otras razones prácticamente en todos los países del mundo existen normas que incentivan las donaciones a este tipo de instituciones, ya que interesa potenciar el aporte que hacen a la sociedad. Más aún, si es que su financiamiento dependiese totalmente de las transferencias del Estado se correría el riesgo de una cooptación, por el contrario, si su financiamiento dependiese exclusivamente de la venta de los bienes y servicios que producen, se mercantilizarían. De esta forma, a través de los incentivos tributarios a las donaciones se busca lograr una diversidad en las fuentes de financiamiento de este tipo de organizaciones.

Sin embargo, los argumentos previos también suelen ser refutados, ya que las franquicias tributarias conllevan un costo fiscal, pues el incentivo consiste precisamente en una rebaja de la base imponible o bien un crédito tributario. En otras palabras, para promover las donaciones el Estado deja de percibir una proporción de sus tributos. De acuerdo al estudio mencionado, en 2014 la renuncia fiscal asociada a estos mecanismos fue de 0,17% de los ingresos tributarios netos. Esto es una fracción ínfima de los tributos totales y en términos comparativos también es una parte reducida respecto a otras franquicias tributarias que el Estado ha creado para promover otras actividades en el ámbito económico y de la inversión.

Pese a los avances en Chile, el estudio de la UC muestra que quienes usan el sistema de donaciones reportan que es altamente engorroso y complejo. Esto lleva a que pocas organizaciones puedan acceder a las donaciones y que menos empresas –especialmente las medianas y pequeñas– se acojan a los beneficios tributarios. Así, se debe avanzar hacia una normativa más simple, que logre integrar las normas hoy disgregadas y que regule de manera simple y equitativa a todo tipo de organizaciones de la sociedad civil.

En Estados Unidos el monto total comparable de las donaciones constituye el 0,6% del PIB, es decir, casi seis veces lo observado para Chile. Aún nos queda mucho por crecer y avanzar en este esfuerzo de generosidad y compromiso para tener organizaciones de la sociedad civil más sólidas y diversas.

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