Tempus fugit

Pareció muy poco razonable que el gobierno se declarase en emergencia con la rara e inusual simultaneidad de las encuestas del CEP y Adimark el jueves pasado. No es razonable porque, salvo una grave falla de información, debió saber que esos resultados eran inminentes. No lo es, tampoco, porque en la fase final de un trimestre tormentoso sería ilusorio que La Moneda esperase resultados brillantes. Y sobre todo no lo es porque las evidencias del deterioro de la popularidad se venían acumulando en todas las muestras conocidas, públicas y privadas. Si los sondeos propios del gobierno -que no son pocos- decían otra cosa, bueno… habría un problema en ellos.

¿Tiene esto algo que ver con las reformas? Los voceros del oficialismo explicaron los resultados de las encuestas por la resistencia al cambio, por la desaceleración económica e incluso por los trastornos de los servicios públicos, como el Metro y el transporte. Muy buenas ideas genéricas. Lo que falla en ellas, al menos hablando de la economía, es que el deterioro de la aprobación de la reforma tributaria, que ya fue promulgada, ha continuado después del debate parlamentario, lo que sugiere que la gente está haciendo una valoración dinámica de esa reforma y la está vinculando con los malos síntomas de la economía.

Más claro es el caso de la educación. El gobierno sabe, desde hace semanas, que la resistencia a esos proyectos ha crecido, y no al revés. La evidencia es la campaña de pedagogía pública lanzada en los últimos días, articulada sobre la base conceptual de que las personas no están comprendiendo las bondades sistémicas de tales cambios. Esta es la explicación estándar en todos los choques entre convicción y recepción. Lo singular de este caso es que van nueve meses de pedagogía y las muestras no mejoran.

<em>Con agudeza, el ex ministro Francisco Vidal ha defendido otro tipo de pedagogía, más material: hay todavía una desconexión entre el avance de las reformas y la ejecución de sus beneficios. Esta noción es perfecta para proyectos de segundo orden -AVP, aborto terapéutico, nuevos ministerios-, pero no cuadra con el hecho de que la reforma educacional no venía preparada, sino apenas delineada. Pedirle resultados rápidos -y no sólo simbólicos- suena contradictorio con su origen". </em>

Pero este es el punto. Si hay que esquematizar los polos en que se está moviendo el gobierno, un eje es el de la convicción versus la recepción; el otro es la urgencia contra la demora. Ejemplo: en el primer semestre, el gobierno emitió un tríptico -acaso el primero "pedagógico"- para clarificar el mapa de la reforma educacional. De acuerdo con ese documento, antes de julio debían estar aprobados los proyectos de administrador provisional, fin del lucro, el copago y la selección, nuevas universidades estatales y CFT en regiones y otros menores. Nada de eso ha sido concluido cuando está por terminar el año.

Para el segundo semestre debía estar en curso el debate sobre los proyectos de educación pública y carrera docente. Ya se sabe que quedarán para el siguiente año. Es posible que el plan original fuese demasiado voluntarista, pero, de acuerdo con sus propios cálculos, ya está atrasado en medio año.

¿Y qué importancia tiene esto? El gobierno estima que su iniciativa y su ventaja legislativa duran hasta mediados del 2016, antes de que comience la campaña municipal, cuando los intereses partidarios empiecen a centrarse en sí mismos. Es decir, tendría unos 18 meses a contar de enero del 2015. En ese período debería movilizar a lo menos seis de los proyectos principales de la reforma educacional, más los que constituyan la reforma laboral, más los avances para una reforma constitucional, más…

La prisa conspira, desde luego, contra la construcción de acuerdos amplios, que siempre se toma su tiempo. En la Nueva Mayoría conspira también contra su propia unidad, porque mucho de lo que está en el programa de gobierno nunca fue discutido antes de la campaña del 2013, salvo como generalidades y expresiones de deseos. El resultado son unas presiones tectónicas cuya única liberación se radica en el gabinete. Las encuestas contribuyen a confirmar esa inestabilidad, pero no son su última fuente. Un cambio de gabinete en estas condiciones pasa a ser menos una valoración que un esfuerzo por ganar un poco de tiempo, un pequeño respiro sobre la crítica adversa.

En las antiguas doctrinas militares, la marcha forzada significaba presionar a las tropas para pasar de 70 a 75 pasos por minuto, con descansos de cinco en vez de 10 minutos y un total de horas de caminata por día que casi duplicaba a la normal. Los generales calculaban de antemano que muchos soldados caerían con los huesos fracturados por efecto del esfuerzo. Ahora como entonces, cuando el tiempo apremia más allá de las resistencias humanas, muchos músculos se atrofian y muchos huesos se quiebran. Y los generales hacen ese costo.