Válido versus valioso

SOBRE EL manejo político del gobierno frente al paro de los camioneros ya se ha escrito mucho. Con todo, y más allá de las decisiones y omisiones del Ejecutivo, me interesa ahondar en las reacciones que este movimiento generó en la clase dirigente, específicamente en algunos líderes de la coalición oficialista, familia política a la que adscribe este columnista.

Aunque ciertamente no ayuda a la causa de los camioneros el que alguno de sus dirigentes reivindique el golpe de Estado de 1973, o el apoyo explícito que les brindó la Fundación Pinochet, y para qué decir de la solidaridad presencial expresada por uno de los nietos del dictador, el derecho a manifestación siempre ha constituido un pilar básico de la democracia para quienes especialmente nos sentimos parte de la cultura progresista. Fue así que el mismo Gabriel Boric, diputado con el que más de alguna vez he tenido diferencias, pero que destaca por su coraje y consistencia, hace un tiempo afirmó: "estoy convencido que el derecho a la protesta no es un derecho más, es uno que tiene relevancia esencial dentro de cualquier ordenamiento constitucional (…) sin un justo derecho a la protesta, todos los demás derechos quedan bajo amenaza, puestos en riesgo y éste no se puede ver limitado por el temor de que exista violencia".

Bajo esta premisa, la cual comparto en casi todas sus partes, resulta un tanto contradictorio que otros pongan en duda el ejercicio o la legitimidad del derecho a manifestación y protesta, cuando no se comulga con quién la promueve o la causa que lo convoca. Fue así, por ejemplo, que Bárbara Figueroa afirmó que se trataba de  "una acción política que busca desestabilizar al gobierno". Lo primero que uno podría preguntar es ¿bajo qué criterio se puede llegar a esa conclusión y no hacerla extensiva, por ejemplo, a la paralización de los subcontratistas de Codelco, que junto con afectar a una empresa estatal estratégica, también generó millonarias pérdidas para el erario nacional? La misma presidenta de la CUT añadió: "los trabajadores protestamos como personas, sin utilizar nuestras herramientas de trabajo como lo están haciendo los camioneros". ¿Pero acaso en el paro docente, que se extendió por dos meses, afectando a miles de alumnos y sus familias, no fue justamente la herramienta de trabajo de los profesores -impartir clases a jóvenes y niños- lo que se utilizó para presionar una decisión de la autoridad pública?

En una sociedad democrática resulta inadmisible que pongamos en cuestión el ejercicio de un derecho cuando no simpatizamos con la causa que lo moviliza. Referirse a los camioneros como un grupo de fácticos que imponen sus posiciones mediante el ejercicio de la fuerza puede ser una crítica legítima y razonable, pero ciertamente no muy distinta a la que también podríamos hacer de los sindicatos que agrupan a los funcionarios de la salud pública, por ejemplo. El caso es que da exactamente lo mismo, pues tomarnos los derechos en serio -por ocupar una célebre frase del jurista Ronald Dworkin- significa garantizar su pleno ejercicio, no obstante esto nos parezca incómodo, injusto o indeseable.