Venezuela: desestabilización y la crisis del estado liberal

La Corte venezolana al declarar en desacato al Parlamento y asumir sus prerrogativas como poder del estado coloca en una nueva fase el proceso de crisis y de desestabilización que viene experimentando Venezuela. Digámoslo en la mirada larga y amplia, desde que se instala la república bolivariana al comenzar el nuevo milenio.

Los fracasos de los gobiernos de la social democracia y un débil liberalismo no consolidado por décadas, permitieron el ascenso de las ideas de un modelo económico alternativo al ajuste estructural a la economía, instalado en la década de los años 80 en la región, con la excepción de Cuba.  Ese modelo alternativo lo representaba el concepto bolivariano de Hugo Chávez que es cuando se inicia de inmediato una tensión interna con su correlato en la región que se mantiene hasta ahora por cerca de dos décadas.

Este episodio del jueves 30 de marzo, ha precipitado una cascada de declaraciones de todo tipo de todas partes, movilizando el ambiente político regional incluyendo llamadas y  retiro de embajadores de países de la región en Caracas, expulsión de Venezuela de la OEA y otras medidas de presión. Algunos comentaristas en medios nacionales han hablado de una pronta guerra civil, otros más espontáneos aún hablan de una posible intervención militar de Washington D.C. en el caso de que el ejército venezolano se haga cargo de una crisis que derive en derramamiento de sangre como se escuchó en varias radios y canales de televisión en Chile.

El Tribunal Supremo de Justicia al resolver que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por una sala constitucional o por el órgano que se disponga, le ha abierto a la oposición, que tiene la mayoría en la Asamblea Nacional, la posibilidad que buscaba para polarizar más la situación en su favor: denunciar un golpe de estado. La imagen en televisión fue cruenta, cuando el presidente de la Asamblea, el opositor Julio Borges, rompe la copia del fallo y exclama "que no lo acatarán".

Hay un trasfondo en todo esto que la prensa chilena excluye. El máximo tribunal de Venezuela asume las competencias de la Asamblea Nacional -de mayoría opositora- mientras este órgano no aclare con la justicia, la situación de desacato por haber juramentado a tres diputados elegidos en forma fraudulenta.

La partitura de la oposición estaba escrita y era esperable que su declaración de que la Corte no es un órgano independiente y que responde al poder presidencial, en este caso Nicolás Maduro. La oposición buscaba la controversia judicial y la encontró porque un gobierno acorralado desde el poder legislativo de oposición tenía que buscar formas de maniobrar para hacer funcionar el país.

No es la más apropiada dada las circunstancias de acoso por varios frentes, incluyendo el internacional, que en lo regional el gobierno de Maduro ha perdido aliados importantes en Brasil y Argentina  especialmente.

Venezuela históricamente en un punto rojo en los tableros estratégicos en el Pentágono. Es una zona más que clave en la defensa del hemisferio occidental sur. Es quizás más importante que México que está a tiro de cañón o de muro.

La actual crisis en Venezuela no está ajena a la crisis del estado liberal como fenómeno global y que Estados Unidos no ha sabido manejar desde su potestad del liderar el liberalismo global.

La orden ejecutiva de emergencia que Estados Unidos aplica contra el Estado de Venezuela en marzo de 2015 surge desde ese tipo de potestad unilateral. La democracia, el libre mercado y el liberalismo se manejan desde la posibilidad de un poder centralizado como el que ejerce Estados Unidos. Lo hace porque puede y porque hay muchas naciones que dejan y esperan que lo haga. La orden ejecutiva congela los bienes y controla los pasos de siete altos funcionarios del gobierno Bolivariano con prohibición de entrada al país. Son todos miembros de los servicios de seguridad, que según Estados Unidos han restringido libertades públicas y cometido violaciones a los Derechos Humanos. Hay una jueza entre los sancionados, que según la medida, ha encarcelado arbitrariamente.

Al centro de estas y otras sanciones subyace el apoyo a la oposición al gobierno del Presidente Maduro, que ha contribuido a estimular aún más una polarización que siempre estuvo en ascenso. Consistía en el inicio de sanciones más decisivas para impulsar el quiebre institucional que los opositores al proyecto bolivariano anhelan en una espera de 17 años.

Señalar que la situación venezolana está polarizada sin abordar alguna de sus causas fundamentales es redundante. Es claro que la actual polarización se debe más a la decadencia de las instituciones políticas que sustentaron al estado liberal; una de ellas, los partidos políticos y su forma de administrar poder por décadas que exceden largamente los 17 años del fenómeno bolivariano.

En este sentido, es desproporcionado y hasta errado asignar al proceso bolivariano todas las culpas del infierno por la polarización. Mientras las instituciones clásicas del Estado liberal no adaptaron el tinglado político a las nuevas condicionantes del sistema económico y a las demandas sociales que generaba. Es así que era esperable que surgieran iniciativas de rectificación social como la que partió con Hugo Chávez hace 17 años.

En el hecho de que la elite política tradicional no reconozca la ingobernabilidad que se auto fabricó el estado liberal, vía corrupción e incapacidad de generar más justicia traducida en mayor equidad y participación política, reside uno de los problemas principales de una crisis prolongada. Hay que aplicar la mirada larga y amplia, a la vez.   Venezuela refleja los rasgos de ese Estado que aún no se ha revolucionado ni reinventado, para dar cuenta de una variable -la política- que quedó a la deriva detrás de definiciones muy instrumentalizadas y reduccionistas de gobernabilidad y democracia para favorecer a una elite.

Venezuela entra en una nueva fase de movilización por parte de la oposición en una medida del tribunal supremo de justicia que se había anticipado. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había declarado en desacato al poder legislativo a inicios de 2016 y considerado nulas sus decisiones. El día jueves pasado ratifica la medida y además absorbe las prerrogativas del Poder Legislativo.

La medida se observa como exagerada y hasta podría ser alienante al interior de las propias fuerzas que apoyan al gobierno porque en el fondo no solo agudiza el conflicto de poderes sino que se reducen los márgenes de negociación entre oposición y Gobierno.

El episodio está marcado por una situación en donde claramente la oposición que domina el órgano legislativo, ha impedido por completo que el gobierno tenga margen de maniobra para implementar leyes y medidas que mitiguen la crisis social y económica. La oposición sabía perfectamente la  sentencia del TSJ se produce en respuesta a un recurso de interpretación sobre la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Es una guerra entre oposición y gobierno en el plano legal pero que tiene efectos letales, por usar un término, en los esfuerzos del gobierno por enmendar el rumbo administrativo.