SEÑOR DIRECTOR:

En tan solo 48 horas, la ciudadanía ha sido informada de la formalización de seis funcionarios de la PDI en Puente Alto y siete funcionarios de Carabineros en Valparaíso, imputados por delitos de la mayor gravedad. Ante ello, las jefaturas de ambas instituciones han procedido —como corresponde— a separarlos de sus funciones mientras avanza la investigación del Ministerio Público.

Lo preocupante, sin embargo, es la ya habitual reiteración de hechos que involucran a quienes deberían ser garantes de la seguridad como actores directos de conductas delictivas. Este fenómeno erosiona severamente la confianza pública y debilita la legitimidad de instituciones que cumplen un rol esencial en la vigencia del Estado de Derecho.

Cualquier intento serio por mejorar la seguridad en el país exige abordar, con decisión, los procesos de selección, formación y control permanente de quienes se integran a las policías. La tarea de proteger a la comunidad y de dar eficacia al derecho requiere servidores cuya idoneidad ética y profesional sea incuestionable.

Ojalá las muy próximas autoridades otorguen a este asunto la máxima prioridad. Sin policías probas y respetadas, la esperanza de una sociedad más segura se torna aún más difícil.

Jorge Burgos