SEÑOR DIRECTOR:

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto que busca limitar el acceso a derechos sociales de personas migrantes y refugiadas, el cual pasará ahora al Senado. Más allá de las legítimas preocupaciones sobre migración, preocupa avanzar en medidas que pueden agravar el problema que se busca resolver.

La experiencia comparada y la evidencia disponible muestran que restringir el acceso a derechos básicos no contribuye a una mejor gestión migratoria. Por el contrario, empuja hacia la irregularidad, aumenta la informalidad y dificulta cualquier esfuerzo serio de integración.

Ordenar la migración es necesario, pero hacerlo bien implica fortalecer capacidades del Estado para regularizar e integrar. Cuando las personas quedan fuera de sistemas básicos como salud o educación, no sólo se ven afectadas ellas, sino también la cohesión social. Estas medidas, también, ponen en tensión los compromisos internacionales asumidos, en especial la protección de la niñez y personas refugiadas.

Como Servicio, hemos impulsado procesos de regularización e inclusión, porque la evidencia muestra que es el camino más efectivo hacia una migración ordenada y segura.

El Senado tiene la responsabilidad de corregir una medida que debilita la capacidad del Estado para gestionar la migración y erosiona condiciones básicas de convivencia. Abre la puerta para que niños, niñas y adolescentes que ya han visto sus trayectorias educativas interrumpidas aumenten su vulnerabilidad y riesgos sociales. Persistir en este camino no sólo es ineficaz: es una decisión que tendrá costos sociales concretos y evitables.

Waleska Ureta

Directora Nacional Servicio Jesuita a Migrantes