SEÑOR DIRECTOR:

Esta semana, el Senado y la Cámara rechazaron el presupuesto del PAIG, programa de apoyo a la identidad de género dirigido a menores de edad.

Diseñada por el gobierno anterior e implementada por el actual, se trata de una política pública perjudicial para los niños. Su carácter nocivo está documentado en los antecedentes recabados por la Comisión Especial Investigadora de 2024 y, además, en el propio Programa-PAIG y su protocolo (Resolución 375, abril de 2021).

Sus problemas emanan del denominado “enfoque afirmativo” (también conocido como enfoque género-afirmativo o trans-afirmativo), que atraviesa todo el PAIG y se expresa en las amplias facultades otorgadas a psicólogos y trabajadores sociales. Primero, la facultad de realizar intervenciones psicosociales de tipo trans-afirmativo en niños desde los 3 años (p. 2 del programa). Segundo, derivar a hormonización cruzada a niños desde los 10 años (p. 71 del protocolo). Tercero, derivar a cirugías de modificación corporal para el cambio de sexo a niños desde los 14 años (p. 97 del protocolo). Cuarto, judicializar a los padres que se opongan a la transición de género de sus hijos (p. 70 del protocolo).

Así las cosas, la última decisión del Congreso es una buena noticia. No se trata de negar el sufrimiento de los niños que atraviesan conflictos con su identidad. Se trata de abordar ese sufrimiento sin renunciar a preguntar por sus causas profundas: de aproximarse a cada niño de modo respetuoso, atendiendo a sus particularidades e historia, sin recetas preconcebidas que pueden generar un daño irreversible.

Javiera Corvalán

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