SEÑOR DIRECTOR:

La discusión de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) desde sus inicios ha estado marcada por los debates sobre la proporcionalidad, gradualidad y racionalidad, pero poco se ha comentado sobre el hecho de que el Estado debe tener siempre la superioridad de la fuerza; por algo tiene su monopolio.

El debate ideológico sobre este tema es evidente, pues a algunos sectores del gobierno le incomoda el uso de la fuerza por parte de agentes de Estado. Sin embargo, en un contexto de criminalidad organizada, de RUF y de militares desplegados en territorio nacional, la discusión debiese estar enfocada en el correcto uso de los instrumentos del Estado.

El despliegue de FF.AA. cumpliendo labores policiales y no militares desnaturaliza a una institución fundamental, mientras que el Estado mal utiliza un instrumento de poder que no cuenta con un marco jurídico y no considera la exposición a la corrupción.

La “militarización de la seguridad”, como se le llama al uso de FF.AA. contra la criminalidad organizada, muestra resultados distintos a lo largo de Latinoamérica. Un dispar desarrollo de normativa para las operaciones evidencia que la corrupción debe ser un elemento central para considerar, toda vez que países como Brasil y México, por ejemplo, cuentan con sendas legislaciones al respecto, pero no han podido controlar la amenaza.

En un momento en que la seguridad nacional se encuentra amenazada, el debate sobre el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública es completamente legítimo. Sin embargo, no debemos quedarnos atrapados en discusiones ideológicas centradas únicamente en la proporcionalidad, gradualidad y racionalidad. Lo que el país requiere con urgencia es una norma clara que regule estas operaciones, un Estado que resguarde a sus instituciones, un gobierno que respalde el uso legítimo de la fuerza, y un compromiso político transversal con un único objetivo: proteger el territorio y a todos sus habitantes frente a amenazas que pueden comprometer la existencia misma del Estado.

Para eso, antes de la proporcionalidad, gradualidad y racionalidad se debe asumir que el Estado tiene que contar siempre con la superioridad de la fuerza para asegurar su existencia y proteger a sus ciudadanos. De lo contrario, cualquier debate sobre el uso de la fuerza permanecerá incompleto y desconectado de la realidad que hoy enfrentamos.

Pilar Lizana

Directora VolpeConsulting