SEÑOR DIRECTOR:

La reciente aprobación en general del proyecto que elimina las multas por circular sin TAG representa un grave retroceso para uno de los modelos más exitosos de desarrollo de infraestructura en Chile: el sistema de concesiones.

Las concesiones viales, impulsadas principalmente durante los gobiernos de Frei y Lagos, permitieron al país construir autopistas de primer nivel sin comprometer recursos fiscales escasos. Este esquema transfirió el riesgo y la inversión al sector privado, liberando miles de millones de pesos para salud, educación y pensiones. El modelo se sustenta en reglas claras, contratos de largo plazo y en la certeza de que los acuerdos se cumplirán efectivamente.

Por tratarse de infraestructura financiada privadamente, resulta eficiente y éticamente correcto que quienes la utilizan sean quienes paguen por ella. Este principio tiene particular relevancia en autopistas: el uso del automóvil no es un derecho universal, sino un privilegio que genera externalidades negativas como emisiones, ruido y congestión. Hacer que los usuarios directos financien la infraestructura evita socializar estos costos mediante impuestos generales. El TAG es la herramienta tecnológica que hace efectivo este principio, garantizando que todos contribuyan equitativamente.

Eliminar las multas desmantela este esquema en la práctica. Si circular sin pagar no tiene consecuencias, el sistema se vuelve voluntario, redistribuyendo injustamente los costos hacia quienes sí cumplen. Peor aún, envía una señal devastadora: que el Estado modificará unilateralmente las reglas bajo presión política. ¿Qué empresa invertirá miles de millones sin certeza jurídica?

Chile necesita inversión en infraestructura con reglas claras y estables para recuperar el crecimiento. Esta medida populista nos aleja de ese objetivo.

Franco Basso

Académico Escuela Ingeniería Industrial PUCV