SEÑOR DIRECTOR:

Recientemente, la Rama de Adolescencia de la Sociedad Chilena de Pediatría (Sochipe) emitió una declaración manifestando su preocupación ante el grave requerimiento de la Contraloría General de la República (CGR) que solicita a los servicios de salud listados nominales de niños, niñas y adolescentes atendidos en el Programa de Acompañamiento de Identidad de Género (PAIG).

La entrega de datos personales y clínicos vulnera información de carácter altamente sensible, protegida por la legislación vigente y por el Código de Ética Médica, cuyo acceso no contempla a la CGR. Postura similar ha manifestado el Colegio Médico de Chile, al considerar que su eventual entrega podría vulnerar derechos fundamentales como la privacidad, la protección de datos personales y la confidencialidad en salud, consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución y leyes especiales.

Reconocemos el rol fiscalizador de la Contraloría en el control del gasto público. Sin embargo, esta función puede ejercerse mediante información agregada y debidamente anonimizada, sin identificar a personas concretas.

La entrega de datos no anonimizada expone a niños, niñas y adolescentes a riesgos adicionales, incluido un potencial daño a su salud mental, y puede afectar la confianza en el sistema de salud y la relación terapéutica. La confidencialidad no es un privilegio, sino un derecho esencial y una condición indispensable para una atención de salud ética, segura y humanizada.

Jorge Carrasco

Presidente

Carolina Méndez

Vicepresidenta

María José Rojas

Presidenta de la Rama de Adolescencia

Sociedad Chilena de Pediatría