SEÑOR DIRECTOR:

La carta de Javier Silva pone sobre la mesa preguntas legítimas que merecen una respuesta directa.

La posición que sostenemos no es un invento ni una consigna: es la conclusión del informe que Reem Alsalem, Relatora Especial de la ONU sobre violencia contra las mujeres y las niñas, presentó en octubre de 2025 ante la Asamblea General. Su diagnóstico fue inequívoco: “el modus operandi de la industria de la reproducción subrogada es explotador y abusivo”.

Nadie discrimina a los niños nacidos por gestación subrogada. Oponerse a una práctica y respetar plenamente a quienes nacieron bajo ella no son posturas incompatibles. Precisamente porque nos importa su bienestar, preocupa una práctica que los cosifica contractualmente y les niega el derecho a conocer sus orígenes, según la Convención sobre los Derechos del Niño.

La mayoría de las mujeres que gestan por encargo se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica o social. En ese contexto, el “consentimiento” no es libre: está condicionado por la necesidad. Y aun si se acepta que es libre, el contrato mismo lo anula: las gestantes quedan sujetas a cláusulas que controlan su dieta, su movilidad, su vida íntima y hasta la posibilidad de abortar según la voluntad de los comitentes.

A eso no se le llama regular. Se le llama legitimar.

Javiera Bellolio

Universidad de los Andes