SEÑOR DIRECTOR:

Esa es la orden que hasta ahora conocemos. Definitivamente muy general.

Es verdad que todo se puede auditar, pero pretender una auditoria completa del Estado significa muchísimo tiempo y recursos financieros, y ambos son escasos. Si lo que se pretende es básicamente entender el estado financiero en que se recibe el Estado, eso debe hacerse antes de plantear un nuevo presupuesto de la Nación, para lo cual hay solo seis meses o menos.

Parece más rápido y efectivo pedir a cada repartición del Estado un informe que indique la deuda exigible no declarada al 31 de diciembre del año pasado y a partir de aquello realizar una evaluación del déficit en la ejecución del Presupuesto 2026 considerando aquellos gastos subestimados en el proyecto original.

Para todo lo demás no es necesario contratar a grandes auditoras. La eventual sobredotación de funcionarios se detecta en uno o dos meses y las compras de bienes y servicios con sobreprecio se pueden denunciar a Contraloría que es experta en realizar dichos trabajos. Incluso, para hacer la tarea un poco más rápida, se pueden pedir hoy las conciliaciones bancarias y denunciar a Contraloría al que no las tenga.

No es necesario mucho más ya que esto es claramente independiente del ajuste del gasto fiscal que se hará sí o sí.

Jorge Condeza Neuber

Ingeniero comercial