SEÑOR DIRECTOR:

La seguridad es una condición para vivir la democracia. Cuando el delito obliga a cerrar un negocio, abandonar una plaza o cambiar la ruta de regreso a casa, se pierden libertades reales. Pero acumular facultades de vigilancia, control y castigo no garantiza recuperarlas.

La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) responde a una demanda legítima. El crimen organizado instala miedo, daña barrios y desafía la autoridad. Por eso mismo, la reforma constitucional anunciada no puede evaluarse solo por su promesa de firmeza. Un nuevo estado de excepción debe demostrar que mejora la seguridad, identificar sobre quiénes recaerán sus controles y establecer cómo se medirán sus resultados y cuándo deberá terminar.

Una democracia viva no se agota en elecciones. Se reconoce en la vida diaria, cuando las personas usan los espacios públicos, reciben igual protección y pueden exigir explicaciones a la autoridad.

Por eso, cada medida excepcional debiera responder en palabras simples qué problema resolverá, a quiénes afectará, cómo se medirán sus resultados, quién la revisará y cuándo dejará de aplicarse. Firmeza y límites no son contrarios. Un Estado es fuerte cuando enfrenta el delito, muestra resultados, corrige errores y evita que las medidas creadas para una emergencia se vuelvan la respuesta habitual.

Chile no tiene que elegir entre un Estado ausente y uno sin límites. Necesita una política de seguridad que devuelva libertad y confianza a la vida cotidiana, en lugar de pedirle a la democracia que se repliegue ante cada emergencia. Una seguridad duradera protege a las personas tanto del crimen como de los abusos de autoridad.

Ángel Aedo Gajardo

Director del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia (VioDemos), Académico PUC