SEÑOR DIRECTOR:

El rechazo unánime (10-0) en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados al proyecto que establecía la prisión preventiva obligatoria para imputados por delitos contra la soberanía (Boletín 17.671-02) dejó en evidencia un problema que trasciende esta iniciativa: la insistencia de destinar tiempo legislativo a proyectos manifiestamente inconstitucionales.

La propuesta impedía que los tribunales evaluaran caso a caso la procedencia de una medida cautelar, vulnerando la separación de poderes y principios esenciales como la presunción de inocencia, la proporcionalidad y la excepcionalidad de la prisión preventiva, reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.

Que una iniciativa ingresada con urgencia por el Ejecutivo terminara siendo rechazada por parlamentarios de todos los sectores políticos demuestra que el debate nunca tuvo verdadera viabilidad jurídica. Mientras la ciudadanía exige respuestas eficaces frente a la crisis de seguridad, el Congreso no puede seguir destinando tiempo a proyectos condenados al fracaso desde su origen.

Jaime Bassa

Diputado