Desde el Congreso Nacional, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicó las razones del nuevo criterio del gobierno para rebajar las penas a condenados por delitos sexuales.

Esto luego de una nota del medio Interferencia que reveló que el Ministerio de Justicia ha rebajado la condena de 56 personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores de edad.

“A partir del año 2022 se modificó la ley y se prohíben beneficios a quienes cometen esos delitos. Con anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley se rechazaban también esas solicitudes y la Corte Suprema acogió recursos de amparo de todas esas personas y, por lo tanto, lo que hizo el ministerio, incluso en la resolución respectiva se cita cada uno de esos fallos, fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos”, explicó el ministro.

“Nada más que eso, es el cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema”, puntualizó el secretario de Estado. Consultado sobre si el gobierno comparte ese criterio jurisprudencial, respondió: “El gobierno no comenta los fallos judiciales”.

Para reforzar su postura, Rabat reiteró que el ministerio debía acatar las resoluciones judiciales mediante los actos administrativos correspondientes. “Usted tiene que cumplir la sentencia judicial a través de un acto administrativo, pero es la Corte Suprema la que estableció que las personas a quienes ese beneficio se les otorgaba antes del año 2022 eran merecedoras de ellos”, señaló.

El tema también marcó el debut del nuevo vocero de gobierno, el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas. “Este es un procedimiento establecido en la ley, no es arbitrario por parte de la autoridad”, sostuvo.

“Aquí no estamos hablando de algo que si nos gusta o no nos gusta, sino que estamos hablando de algo que está establecido en la ley, es un derecho y no somos un gobierno arbitrario, somos un gobierno que cumple con la normativa y la normativa es clara”, agregó el nuevo vocero.

Sin embargo, el hecho tuvo repercusiones políticas. Desde la oposición rápidamente se activaron para arremeter contra el ministro Rabat.

Alrededor de las 13.00 horas, los diputados del Partido Comunista (PC) Marcos Barraza, Bernardo Salinas e Irací Hassler anunciaron una interpelación a Rabat. Sin embargo, la acción no fue socializada con las bancadas del sector.

Hasta el cierre de esta edición la oposición buscaba apoyos para realizar una sesión especial para abordar el tema.

En paralelo, la bancada de diputados del PPD ofició al Ministerio de Justicia para que informe en detalle de cada una de las 56 reducciones de condenas, sus justificaciones jurídicas, los fundamentos del rechazo a la solicitud que se emitió.

Por su parte, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) presentó este miércoles una reforma constitucional para impedir que las personas condenadas por abuso sexual o violación puedan acceder a la rebaja de sus condenas por este delito.

Las esquirlas no fueron solo políticas. La Defensoría de la Niñez, liderada por el defensor Anuar Quesille, también criticó al Ejecutivo. “Uno de los aspectos que requiere especial atención es que, desde febrero de 2022, la ley consagra expresamente la exclusión de beneficios en casos de determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes”, manifestó la institución a través de un comunicado.

En ese marco, la entidad señaló que “resulta indispensable que el Ministerio de Justicia aclare por qué se concedieron estas rebajas y qué medidas se están adoptando para la debida protección de las víctimas”.