SEÑOR DIRECTOR:

En última columna, el doctor Jaime Mañalich plantea, muy acertadamente, algunos gastos que deben realizar las familias y que, al concentrarse en marzo, hacen que este sea un período difícil de soportar con los ingresos habituales de una gran mayoría. Habría que agregar la lista de útiles escolares y uniformes que se hacen al inicio del año escolar. Este grupo no es solo de los colegios particulares pagados, sino de muchos establecimientos subvencionados y estatales. Es decir, existen exigencias a inicios del año que podrían eliminarse o distribuirse en períodos más largos.

Ciertos gastos tienen que ver con ineficiencias de organismos públicos, como el retraso en la entrega a los estudiantes de textos y útiles escolares. También con agilizar otras políticas. No se observa un uso de internet acorde al avance en la red de telecomunicaciones, a la entrega de computadores, y al manejo digital de niños y jóvenes. En el país hay carencia de esa infraestructura en sectores focalizados, ya sea por ingresos, conocimientos o localización, que debe considerarse, pero es un porcentaje minoritario.

Tenemos legislación y normativas que sería conveniente rediscutir en su detalle, cuándo se exigen y los precios que se cobran. Sin duda, lo anterior promueve la informalidad, con todos sus problemas.

Las políticas sociales tienen que ver con la disponibilidad de recursos, y hoy sabemos que el gasto público global es alto respecto a las posibilidades del país. Pero siempre importa el uso eficaz de ellos y la presión sobre gastos privados. Por eso, es importante una revisión de los efectos de normas muy exigentes, y su concentración en el tiempo. El impacto sobre el bienestar de las familias es uno de los objetivos importantes de esas políticas.

Hugo Lavados Montes

Centro de Políticas Públicas

Universidad San Sebastián