SEÑOR DIRECTOR:

El presidente electo ha anunciado la expulsión de los extranjeros en situación de irregularidad que no hayan abandonado el país al 11 de marzo próximo. Con todo, en atención a la complejidad de una expulsión masiva y a que la aplicabilidad de un “corredor humanitario”, que debe contar con la aquiescencia de otros gobiernos, también presenta dificultades, cabe preguntarse qué personas en dicha condición serían preferentemente deportadas. ¿Acaso los más de 180 mil migrantes que, convocados por el actual gobierno, concurrieron al empadronamiento biométrico o, en cambio, esa otra cantidad aproximadamente similar que rehusó empadronarse, vive en la clandestinidad y es caldo de cultivo de la delincuencia?

Sería una injusticia castigar prioritariamente a quienes respondieron a aquel llamado gubernamental, proporcionaron honestamente sus nombres, sus rostros y sus domicilios, y anhelan insertarse laboralmente. Es más, estas familias confiaron en que el actual gobierno daría, con posterioridad al empadronamiento, el paso naturalmente consecuente de proceder a su regularización, conforme a la ley, como lo hicieron los presidentes Frei Ruiz-Tagle y Piñera.

Abrigo la esperanza de que estas familias sean destinatarias de la efectiva demanda de mano de obra de los empresarios del campo y la ciudad. Y que la expulsión, también conforme a la ley, quede reservada a quienes no se empadronaron.

Jaime Esponda Fernández

Abogado y profesor de Derecho Migratorio