SEÑOR DIRECTOR:

Los alcaldes, motivados por la búsqueda de mayor autonomía frente al gobierno central y por razones electorales, han tendido a demandar mayores competencias en materia de seguridad pública. Sin embargo, según datos de la Contraloría, el 90% de los municipios no ha cumplido con requisitos básicos sobre esta materia establecidos desde 2016, como la entrega a la Subsecretaría de Prevención del Delito de toda la documentación relacionada con sus Planes Comunales de Seguridad Pública y las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública.

En el marco de la discusión sobre una nueva ley de seguridad municipal, surge la interrogante sobre la capacidad real de las municipalidades para asumir las nuevas responsabilidades y exigencias que impondría esta legislación, ya que, con los antecedentes publicados por la Contraloría, pareciera que no.

Las municipalidades desempeñan un rol clave en la prevención del delito, pero esta labor debe ejercerse mediante una coordinación interinstitucional efectiva y con base en datos de calidad. De lo contrario, se corre el riesgo de incurrir en acciones ineficientes, poco efectivas y descoordinadas.

Alfonso España

Investigador de Horizontal