SEÑOR DIRECTOR:

La nota publicada por el Pulso (“Permisos de edificación: tiempo de tramitación disminuye a la mitad …” ) recoge un dato nos alegra a todos los que nos gustan los proyectos en nuestras ciudades.

Al buscar explicaciones, una serie de entrevistados atribuyen la baja en los plazos a un “menor ingreso de solicitudes”, a “señales de la autoridad” o a un difuso “cambio de disposición” en las Direcciones de Obras Municipales. Son explicaciones que parecen motivadas por un -legítimo- entusiasmo personal con la actual administración.

En efecto, llama la atención que los entrevistados no mencionen la Ley N° 21.718, sobre agilización de permisos de construcción, aprobada con apoyo transversal en el Congreso en noviembre de 2024. En particular, una de las herramientas más relevantes de la Ley fue la declaración jurada como técnica habilitante alternativa al permiso, para obras preliminares y menores. Ésta justamente comenzó a operar recién en abril de este año, una vez que la CGR tomó razón del reglamento que la implementó. Resulta al menos llamativo que la caída de 322 a 147 días se concentre precisamente en el semestre en que ese mecanismo entró en régimen.

Para destrabar la gestión pública se necesitan herramientas concretas que reduzcan la carga de trabajo real de los funcionarios y les dan un marco jurídico seguro para resolver de manera más eficiente. Los que trabajamos en desarrollo urbano tenemos la obligación de distinguir entre la buena voluntad o diseños institucionales para explicar los avances en la construcción de ciudad.

Vicente Burgos Salas