SEÑOR DIRECTOR:

El reciente envío al Congreso del proyecto de reforma constitucional que otorga reconocimiento a los pueblos indígenas representa una señal positiva y largamente esperada. Valoramos que esta iniciativa, impulsada por el Presidente Gabriel Boric, dé continuidad a una promesa reiterada desde el retorno a la democracia: saldar una deuda histórica con los pueblos originarios de Chile.

Este paso no surge en el vacío. Es una de las primeras consecuencias concretas del trabajo realizado por la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Que el Ejecutivo haya comenzado a traducir sus recomendaciones en propuestas legislativas es una señal de que existe voluntad política para avanzar.

Sin embargo, el reconocimiento constitucional, siendo un pilar fundamental, no agota el camino. Este debe ir acompañado por otros procesos esenciales para cimentar una convivencia más justa, intercultural y democrática. Uno de ellos es la Consulta Indígena, que debe comenzar de forma pronta, efectiva y con participación genuina. Establecida tanto por la normativa interna como por tratados internacionales suscritos por Chile, es clave para abordar con legitimidad los cambios legales que involucran a los pueblos originarios.

Por otro lado, no puede olvidarse la urgente necesidad de avanzar en los proyectos de ley sobre reparación a las víctimas de la violencia, particularmente en la Región de La Araucanía. El entendimiento verdadero requiere que se reconozca el daño y se generen mecanismos alternativos y eficaces de compensación.

Saludamos el avance hacia el reconocimiento constitucional, pero reafirmamos que este proceso solo será sólido si se articula con otras acciones igualmente relevantes: consulta efectiva, justicia reparadora y participación activa de las comunidades. La paz y el entendimiento no se decretan, se construyen. Y para ello, se requiere más que leyes: se necesita voluntad, diálogo y coherencia.

Carlos Llancaqueo Mellado

Presidente Fundación Aitue