SEÑOR DIRECTOR:

En su carta “trampa fiscal”, Sylvia Eyzaguirre acusa al Ministerio de Hacienda de “utilizar un subterfugio para cambiar las metas fiscales”, poniendo en duda la institucionalidad fiscal. Como diputado de la Comisión de Hacienda que participó en la tramitación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, considero importante precisar y corregir.

La ley permite reemplazar el Decreto de Política Fiscal en casos excepcionales, como aquellos provocados por cambios imprevistos en el escenario económico. Precisamente eso ocurrió en 2024: algunos parámetros macroeconómicos fueron mayores a los previstos, lo que, de acuerdo con la regla fiscal chilena, castigaron los ingresos estructurales en 0,4% del PIB. Es decir, una mejora del contexto macroeconómico paradójicamente generó un déficit estructural más alto del estimado, pasando de un -1,9% proyectado a un -3,3% del PIB. Para cumplir con la meta actual, se requeriría un ajuste de gasto sin precedentes, lo que justifica la modificación del decreto, como prevé la ley.

Además, es importante señalar que, de no haberse modificado el decreto, habría sido necesario recortar considerablemente el presupuesto vigente este año, afectando directamente beneficios sociales relevantes para la ciudadanía, dado que más del 90% del presupuesto está asociado a leyes, beneficios o inversión pública. Una medida de esa magnitud simplemente no es viable y tampoco permanente, que es lo que se requiere en estos momentos. El gobierno ha actuado dentro de la ley y con fundamentos técnicos que justifican una adecuación fiscal responsable y sostenible en el tiempo.

Jaime Sáez

Diputado Frente Amplio