SEÑOR DIRECTOR:

Veo con preocupación la situación que viven hoy cerca de 300 mil personas migrantes en Chile que, pese a haber ingresado por pasos no habilitados y encontrarse en situación irregular, se han integrado de manera efectiva a la sociedad chilena. Muchas de ellas participaron en procesos de empadronamiento y autodenuncia impulsados por el propio Estado, cuentan con RUT provisorio, trabajan formalmente y cotizan en los sistemas de salud y previsión, precisamente como parte de los esfuerzos por regularizar su vínculo jurídico conforme a la ley vigente.

Valoro las medidas migratorias orientadas a reforzar el control fronterizo y a expulsar a personas extranjeras con antecedentes penales, coherentes con una demanda ciudadana relevante. No obstante, es posible y deseable aplicar estas medidas con rigor y, al mismo tiempo, avanzar en mecanismos de regularización para quienes ya forman parte del país, buscan residencia conforme a la ley y están dispuestos a cumplir con sus obligaciones tributarias, laborales y de seguridad social. De hecho, muchas de estas personas ya integran la fuerza laboral y realizan diversos trabajos de manera honesta y esforzada.

Resulta contradictorio que el Estado dé la espalda a personas a las que él mismo ha reconocido parcialmente, permitiéndoles trabajar, cotizar y contribuir al país. Dar una oportunidad de regularización a estas personas empadronadas, sin antecedentes penales, es un ejercicio de realismo, de humanidad y también de coherencia con la historia migratoria de tantos chilenos que, en distintos momentos, buscaron y encontraron oportunidades fuera de su país de origen.

María José Ariztía L.

Abogada