SEÑOR DIRECTOR:

Cada cierto tiempo, Chile redescubre la idea de crear un número único de emergencias, como si fuera una novedad. No lo es. En 2005 se elaboró un estudio de prefactibilidad en la Región Metropolitana y, durante la primera administración de la Presidenta Bachelet, se intentó implementar el Sistema Integrado de Emergencias (SIE-100), que fracasó, mientras el mundo acumula ya casi un siglo de experiencia.

Pese a esa historia, el proyecto que hoy se discute en el Congreso vuelve a tropezar con las mismas debilidades. Su arquitectura institucional es débil, carece de estándares operativos definidos y deja en manos de reglamentos futuros la formación y competencias del personal.

Ese enfoque es riesgoso: al delegar aspectos esenciales, el proyecto puede caer en lo que se conoce como implementation drift, una desviación entre lo que la ley promete y lo que realmente se aplica, perdiendo eficacia y coherencia. A ello se suma que no garantiza la definición de métricas comunes, elemento básico en cualquier sistema moderno. Tampoco garantiza una integración real de los organismos que deben participar. Si bien menciona a Bomberos, SAMU y Carabineros, omite incorporar a otros actores esenciales -como Conaf, servicios municipales de emergencia o redes de salud locales- y carece de una estructura territorial que asegure atención oportuna. El resultado es un marco declarativo, sin los mecanismos técnicos ni la gobernanza necesarios para funcionar.

La crisis de seguridad pública exige implementar de inmediato soluciones operativas, sin esperar una ley que deja lo esencial sin definir y cuyo trámite, con toda probabilidad, se extenderá por largo tiempo.

Michel De L’Herbe

Consultor en Emergency Management