SEÑOR DIRECTOR:

El estado actual de nuestro sistema de justicia requiere una restauración urgente para superar los efectos negativos de las reformas de las últimas décadas y el debilitamiento evidenciado en el Poder Judicial, demostrando su exposición a influencias externas y desequilibrios institucionales.

La bienintencionada creación del Ministerio Público derivó, en la práctica, en un cuarto poder del Estado, desbalanceando la estructura constitucional y limitando la autoridad del Poder Judicial.

A ello se suma el serio debilitamiento ético observado en algunas de las máximas autoridades judiciales, designadas por afinidades ideológicas o por amiguismo, que comprometen su imparcialidad y generan obligaciones retributivas hacia sus patrocinadores.

Resulta igualmente incomprensible que, a más de veinte años de la reforma procesal penal que reemplazó el abusivo sistema inquisitorio, se persista en la coexistencia de dos sistemas judiciales. Los efectos del principio de ejecución que obligan a aplicar el antiguo procedimiento a hechos anteriores a la reforma han extendido, más allá de lo razonable, una discriminación inaceptable, generando fallos que la ciudadanía percibe como motivados por intereses políticos o espurios.

Es imperativo impulsar que la reforma en pañales fortalezca la independencia del Poder Judicial con designaciones transparentes y meritocráticas, limite la omnipotencia del Ministerio Público y ponga término definitivo a la dualidad procesal, mediante una transición legislativa que priorice la igualdad ante la ley.

Ojalá los vientos de cambio que esperamos que descontaminen el aire viciado de la política lleguen hasta los Tribunales y repongan el orden perdido, recuperando la confianza ciudadana.

Rodrigo Cooper Cortés