Sección: Opinión
Los asesinatos y las amenazas de “reventar” un Cesfam ponen de relieve los enormes peligros a los que se expone la población que debe resignarse a vivir en zonas sometidas a la acción de bandas narco, donde el Estado de Derecho se ha debilitado peligrosamente.
No ayuda al buen funcionamiento institucional que los parlamentarios se precipiten en acusar a tres jueces sin esperar que la Corte Suprema concluya sus propios procesos de investigación, trasluciendo un afán de aprovechamiento político.
