La dramática realidad que se reveló en Puente Alto

Los acontecimientos de extrema violencia que tuvieron lugar hace algunos días en el sector Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto (Región Metropolitana), han puesto de relieve el enorme peligro al que está expuesta la población que vive en sectores donde las bandas ligadas al crimen organizado disputan territorios e imponen sus reglas.

Puente Alto es la segunda comuna de la RM con mayor número de asesinatos -el listado es encabezado por Santiago-, de acuerdo con el informe de homicidios consumados de 2023, y aunque por lo mismo parece haber un peligroso acostumbramiento a este tipo de crímenes en la zona, la dinámica de los recientes acontecimientos debe encender una potente luz de alerta, porque revela hasta dónde pueden estar dispuestos a llegar los grupos delictuales que allí operan.

La cadena de atentados comenzó con el asesinato de un hombre de 44 años, y luego, en su velatorio, un grupo de desconocidos percutó más de 150 tiros en contra de los asistentes, dejando como víctima fatal a un menor de 17 años y gravemente heridos a un adulto y otros dos menores. El Cesfam de la comuna fue amenazado de que si les salvaban la vida “sería reventado a balazos”, en tanto que la ambulancia que llevaba a los heridos intentó ser atacada con el fin de rematarlos.

Estos dramáticos acontecimientos no son solo privativos de Puente Alto. Si bien los homicidios se distribuyen a lo largo de todo el país, resulta evidente que es en determinadas zonas donde se observa un especial ensañamiento, comprobándose una dramática pérdida del Estado de Derecho a manos de bandas que no respetan a nada ni a nadie, una de cuyas secuelas es el aumento de menores de edad asesinados con armas de fuego.

Frente a una realidad así, el Estado tiene la obligación de ejercer todo el poder de que dispone, porque no es admisible que sectores de la población deban vivir bajo el peligroso sometimiento de bandas criminales y ser parte de territorios “controlados”. Pese a la extrema gravedad de lo que hemos visto estos días, las acciones del gobierno siguen apareciendo más bien declarativas y erráticas, sin que al parecer se aquilate la extrema anomalía que supone tener zonas que parecieran estar en tierra de nadie. En ese sentido, diversos sectores del propio oficialismo han solicitado al Presidente de la República el despliegue de personal militar para el apoyo a las policías, ya sea a través de estados de excepción constitucional o apenas se cuente con la ley sobre protección de infraestructura crítica, para al menos custodiar los recintos de salud, pero hasta aquí el gobierno se resiste a la posibilidad de recurrir a las Fuerzas Armadas.

Ante este cuadro de inseguridad general y de zonas tomadas debe existir un plan macizo con medidas acordes a la gravedad del problema, para lo cual sería ideal contar con un amplio concurso de todas las fuerzas políticas. Lamentablemente un acuerdo político en esta materia se ve ahora más lejano, cuando la oposición amenaza con presentar una acusación constitucional contra la ministra del Interior. Si bien no se ve qué utilidad pueda tener una acusación de este tipo en estos momentos, el gobierno no puede excusarse en ello para no tomar la iniciativa, pues es quien está a cargo del país y es su obligación presentar las medidas y disponer los recursos que permitan responder con prontitud a este flagelo.