El gobernador de Valparaíso, indagado por el caso ProCultura, cuestiona el rol del Ejecutivo en la crisis desatada por el caso. Asegura que en Palacio se diseñó una estrategia para trasladar la responsabilidad a los gobiernos regionales, critica su manejo comunicacional y califica de “injusta” la declaración del ministro Elizalde.
Que Johannes Kaiser comprometiera su "palabra" para llegar hasta el final en la carrera por La Moneda mantiene inquieto al Partido Republicano, cuya apuesta es que deponga su postulación a más tardar en agosto.
Mientras La Moneda y el Socialismo Democrático hacen llamados a la prudencia, el Frente Amplio y el PC insisten en acusar "espionaje" con fines político en la investigación del caso. La discusión quebró al oficialismo en su recta final.
Partiendo por el Presidente Gabriel Boric, varios dirigentes han sido salpicados por el escándalo de ProCultura que protagoniza el psiquiatra, entre ellos, Claudio Orrego y Diego Ibáñez. La información se ha conocido a goteo, lo que inquieta al sector. Si bien la mayoría ahora busca tomar distancia de Larraín, mantuvieron fuertes vínculos con él.
Durante esta noche se conoció que Ángel Valencia decidió remover al fiscal regional de Coquimbo de la causa . La decisión fue valorada por el oficialismo y criticada por la oposición.
Diputados de diversos sectores se refirieron a la medida adoptada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que ordenó la eliminación del material, incluido el registro donde la psiquiatra conversa con el Presidente Boric.
Timonel frenteamplista indicó que "en ningún caso señalamos que exista algún vínculo institucional entre la DC y los casos investigados”.
Este viernes se realizó el consejo de gabinete. En el encuentro, el Presidente se refirió a la investigación contra Alberto Larraín y se apegó al relato que el Ejecutivo fijó para referirse al caso. "Las diferentes instituciones tienen que hacer su trabajo y tienen el deber de hacerlo bien", afirmó el Mandatario.
Llamados a la responsabilidad, a respetar la investigación y a no "desvirtuar la institucionalidad". Esos fueron los mensajes que ha recibido el Frente Amplio por parte de la coalición que incluye al PS y el PPD. Todo a raíz de la acusación que hicieron sobre "espionaje político".
En el actual periodo legislativo, de 2022 a 2026, los diputados han ingresado 72 solicitudes de comisiones investigadoras, de las cuales 62 han culminado su tarea. El resto aún se encuentra en proceso.
La candidata del Socialismo Democrático sumó a la exgobernadora Cristina Bravo (DC) a su comando, quien es investigada por la arista Urbanismo Social de los convenios. Ella acusa que se trata de "fake news", mientras que desde el equipo de la exministra remarcan que tiene derecho a la presunción de inocencia.
El presidente de la colectividad, Arturo Squella, aseguró que es "imprescindible" que la coalición de centroderecha forme una lista competitiva para las elecciones de noviembre.
En sectores del partido ha llamado la atención el poco involucramiento de los jefes comunales de Maipú, Peñalolén, Viña del Mar y Valdivia en las actividades del candidato frenteamplista. Pese a los reparos, en sus entornos dicen que han participado de todas las actividades a las que han sido convocados.
El proyecto de Ley será una alternativa a la moción presentada por los senadores y considerará un paquete de ajustes.
Junto con ello, los parlamentarios también apuntan en su escrito a las irregularidades que detectó la Contraloría en torno al proceso de inmunización contra el Covid-19.
