Directores y guionistas demandan a Anatel y su presidente por violación de la propiedad intelectual

En la tarde de ayer, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió a tramitación la demanda interpuesta por la Asociación de Directores y Guionistas Chilenos (”DYGA”) en contra de la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL); su Presidente, Pablo Vidal; la Sociedad de Directores Audiovisuales, Guionistas y Dramaturgos (“ATN”) y diversos canales de Televisión (Canal 13, Mega, CHV y TVN) por incurrir -según dice un comunicado- en conductas atentatorias a la libre competencia realizadas con el objetivo de excluir a DYGA del mercado de la gestión colectiva de los derechos de autor, perjudicando de esta forma los derechos de propiedad intelectual de la mayoría de los directores y guionistas del medio audiovisual en Chile.

Desde el 2018 que DYGA, representada por Vicente Sabatini, ha intentado acercarse a Canal 13, Mega, CHV y TVN para obtener el pago de las remuneraciones adeudadas con motivo de la exhibición mediática de diversas obras de sus autorías durante los últimos años, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Ricardo Larraín (Ley N°20.959).

Sin embargo, a pesar de sostener reuniones con representantes de cada uno de los canales, e incluso con Anatel y su actual presidente, el exdiputado Pablo Vidal, los resultados han sido infructuosos, informa del texto.

Este conflicto, además, se vio acentuado durante el mes de octubre de 2022, tras la suscripción de un acuerdo entre Anatel y ATN que comprendía cláusulas contractuales dispuestas “en directo detrimento de todos los socios de DYGA”.

“Así, tras exigir legalmente el conocimiento de las estipulaciones que componen este acuerdo por medio de una orden en ese sentido del propio Tribunal de Defensa de Libre Competencia, DYGA pudo observar que el convenio contenía flagrantes violaciones a la Ley de propiedad intelectual toda vez que permitía que ATN cobrare, sin autorización, la remuneración correspondiente a los 226 autores que componen la totalidad de los socios de DYGA, entre otras disposiciones perjudiciales”, complementa el comunicado.

El texto sigue: “La molestia de esta asociación ante esta actitud de quienes están obligados por ley a remunerar a directores y guionistas por la exhibición de su trabajo puede catalogarse como una fuerte violación a los derechos de autor de todos los socios de DYGA. Por lo mismo, Vicente Sabatini ha explicado que las acciones tanto de Anatel como de ATN han sido desvergonzadas e insólitas”.

“Nunca imaginamos que algo así podía suceder en el medio. Es cierto que veníamos con una lucha intensa por el reconocimiento de la Ley Larraín, pero este acuerdo firmado superó todos los límites y es una falta de respeto tremenda. Cuando en el Consejo leíamos lo que significaba este acuerdo, no lo podíamos creer, porque como asociación nos excluyeron totalmente del medio, como si la propiedad intelectual de todos nuestros socios no valiera”.

En la Asociación de Directores y Guionistas se encuentran reconocidas figuras del medio, como Pablo Larraín, Manuela Martelli, Nicolás Acuña, Matias Bize y Barbara Zemelman, entre otros.

Es por esto que ante este accionar y tras muchos intentos de diálogo con todos los involucrados, DYGA optó por acudir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en orden a obtener el respeto y reconocimiento de la propiedad intelectual de sus socios y socias en el mercado de la televisión chilena.

La demanda está dirigida a la Sociedad de Directores Audiovisuales, Guionistas y Dramaturgos (ATN), y en contra de Anatel, su presidente, Sr. Pablo Vidal; y a cuatro canales de televisión abierta, Canal 13, TVN, Mega y CHV.

Por un lado, DYGA acusa a los canales de negarse, de forma individual y posteriormente reunidos en Anatel, a pagar las tarifas respectivas que corresponden por la aplicación de lo dispuesto en la Ley Ricardo Larraín. No conforme con ello, DYGA dice que han ejercido acciones discriminatorias en contra de ellos con el objeto de concretar el propósito de consolidar una sola entidad de gestión colectiva, que cobrará tarifas muy por debajo del mercado y generará graves riesgos a la competencia.

En el mismo comunicado, DYGA asegura que ATN y Anatel diseñaron, celebraron e implementaron un acuerdo con la participación del presidente de esta última entidad gremial, el demandado Sr. Pablo Vidal. “Este no sólo permite que ATN cobre por la totalidad de las obras de directores y guionistas pertenecientes a socios de DYGA, sino que, además, contiene una serie de otras conductas que dejan al descubierto su finalidad anticompetitiva. En efecto, ATN (i) pacta una tarifa incomprensiblemente baja en comparación con otras tarifas vigentes, por un periodo extenso de tiempo, lo que iría en un claro desmedro de sus asociados; (ii) llega a un acuerdo de $1.471.000.000 por concepto de montos adeudados en periodos anteriores, cifra que contemplaría no sólo el pago de derechos por el uso del repertorio de ATN, sino muy probablemente también de DYGA; y (iii) consagra cláusulas que contiene disposiciones abiertamente anticompetitivas y exclusorias respecto de esta asociación gremial”.

“Para DYGA, existe una responsabilidad gravísima por parte del Presidente de Anatel, de dar cabida a la firma de este acuerdo, excluyendo a 226 directores y guionistas del circuito. La falta recaería sobre Pablo Vidal, por participar de forma directa, no sólo en la coordinación de los canales en la negociación y celebración del Acuerdo, sino especialmente en la implementación de una campaña mediática en la prensa nacional destinada a comunicar que ATN es la única entidad de gestión colectiva que representa a los directores y Guionistas de producciones audiovisuales en el país”.

A mediados de 2017, DYGA encomendó a una consultora la realización de un estudio económico para que, en base a criterios objetivos e internacionalmente aplicados, los directores y guionistas pudiesen fijar las tarifas generales de la corporación.

Dentro del marco legal, DYGA publicó sus tarifas generales en el Diario Oficial durante el mes de mayo de 2018, distinguiendo entre distintas categorías de usuarios: canales de televisión, emisoras de televisión por cable, salas de exhibición cinematográfica, disposición de obras y grabaciones audiovisuales por medios digitales, y medios de transporte colectivo de viajeros que utilizan obras audiovisuales para amenización de viajes.

La tarifa publicada para los canales de televisión abierta se estableció como el “equivalente al 2,6% de los ingresos mensuales de explotación del canal de televisión respectivo. La base correspondía a los ingresos de explotación del canal de televisión exceptuando los generados por intereses financieros y venta de derechos, cuyo hecho generador es ajeno a la explotación del repertorio de la entidad”.

Dicha publicación, no ha impedido a DYGA mantenerse abierta a discutir su tarifa con la industria audiovisual. Sin embargo, desde la entrada en vigencia de la Ley Ricardo Larraín hace más de 5 años, que los canales de televisión abierta utilizan obras en que participan directores y guionistas agrupados en DYGA sin pagar, según dicen ellos, la remuneración correspondiente.

Dado que avanzaba el tiempo y la situación se mantenía, DYGA se acercó a Anatel sin una respuesta, argumentan. Luego, avanzado el 2020, DYGA volvió a acercarse, solicitando en tal ocasión una reunión con su presidente. Gracias a esa gestión, entre enero y marzo de 2021 se celebraron reuniones entre los representantes de Anatel y DYGA, las que dieron paso a que se propusiera formalmente una tarifa.

“Anatel dilató su respuesta durante buena parte del año 2021. Finalmente, en septiembre de dicho año, formuló una contrapropuesta con ausencia de ánimo de acodar por parte de los canales de televisión. Si bien en la entidad gremial confirmó contar con un mandato de sus socios para llegar a un acuerdo, las negociaciones también fracasaron, llevando a DYGA a entablar la actual demanda, la que podría significar multas millonarias para la industria televisiva y sus involucrados”.