La décima acusación constitucional que se presenta durante el último período legislativo corre el riesgo de concluir su camino en la Cámara de Diputados.

El libelo presentado por diputados opositores en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, será evaluado este jueves por la sala de la Cámara y, debido a que al menos seis parlamentarios de la centroizquierda -entre ellos DC, radicales e independientes- rechazarían la acción, ésta concluiría sin ser revisada por el Senado. Incluso, algunos creen que podría no ser analizado el fondo de la presentación y que su trámite concluya con la aprobación de la cuestión previa, que puede presentar la defensa del secretario de Estado apelando a que la acción incumple con los requisitos señalados en la Carta Magna para este tipo de instrumentos.

Así, aunque la oposición cuenta con una mayoría de legisladores en la Cámara Baja, el quórum requerido para la votación de la cuestión previa -de mayoría simple, es decir, mayoría de los presentes en sala al momento de votar-, junto a cuestionamientos jurídicos de algunos parlamentarios terminaría por sepultar la ofensiva. A esto se suman las gestiones que está haciendo el gobierno, lideradas por el ministro Jaime Bellolio (Segegob) y el subsecretario Max Pavez (Segpres), para tratar de aumentar la fuga de votos opositores.

Según explica el diputado Pedro Velásquez (ind.), “no soy partidario, en general, de las acusaciones constitucionales” y, en el caso de la acción contra Figueroa, destaca que “lo que se ha tratado de hacer por parte del ministro de Educación es una vida relativamente normal, porque hay que pensar que el estrés que están teniendo nuestros niños en las casas es abismante. Ha habido problemas, pero de ahí a culpar a un ministro como la única persona responsable no corresponde. Por una sencilla razón, están la Superintendencia de Educación, la Contraloría General de la República y ninguno de esos organismos ha señalado que se ha violentado el derecho a la educación ni que se han violado las leyes por parte del ministro Figueroa”, concluye.

El parlamentario radical Fernando Meza explica que “no voy a poder estar en la Sala al momento de la votación, pero, si estuviera, votaría en contra”.

En tanto, el independiente Pepe Auth (ind.) dice que “para mí es un despropósito y, a medida que pasa el tiempo, se hace más extemporánea, porque la pandemia retrocede y se reabren escuelas, liceos y universidades”.

En reflexión se declaran otros parlamentarios, como los DC Jorge Sabag, Manuel Antonio Matta, Matías Walker y Daniel Verdessi. Pero, en el caso de este último, fuentes de la bancada dan por descontado que la rechazará, pues habría transmitido que, aunque consideró justificada su presentación, el texto tiene “dificultades jurídicas importantes”.

Miguel Ángel Calisto también está en la duda, aunque en la DC aseguran que el parlamentario por Aysén está presionado, porque el consejo regional de su partido no lo proclamó para ir a la reelección.

También en reflexión se declara el diputado Ricardo Celis (PPD), quien comenta que “hay dos temas que para mí son vitales en resolver: aulas hospitalarias y el conflicto en el Liceo Camilo Henríquez, en Temuco”.

Mientras, el radical Carlos Abel Jarpa dice que “tomaré mi decisión una vez que escuche el informe de los acusadores y de la defensa. Aún no tengo una idea adoptada”.

Opinión distinta expresa su compañero de bancada José Pérez. “No me gustan las acusaciones constitucionales, pero yo fui de los primeros que convocaron al ministro a sesión especial cuando recién citó a clases presenciales y le advertí que iba directo a una acusación constitucional. Esta vez, creo que hay mérito para aprobar”, explicó.

En la oposición comentan que ha habido distintas tratativas para afirmar los votos necesarios y que, de esa forma, la acción continúe su curso en el Senado. Así, se ha conversado con diputados que no aprobaron la acusación constitucional contra la exministra de Educación Marcela Cubillos y, en ese grupo, al menos tres legisladores independientes podrían aprobar el libelo este jueves: se trata de Patricio Rosas y René Alinco, quienes se abstuvieron la vez pasada, y Karim Bianchi, que la rechazó.

“Estoy convencida que los antecedentes que expusimos son lo suficientemente sólidos como para que esta acusación avance. Acusamos al ministro por graves infracciones financieras y de regulación, y por vulnerar los derechos de las y los trabajadores. La evidencia está, hemos hecho un trabajo fuerte de socialización de las irregularidades con las y los diputados, quienes están al tanto de lo que ocurre en sus distritos, tienen la información y las cifras que muestran cómo ha afectado la baja en las subvenciones en las escuelas de los territorios que representan”, explicó la presidenta de la Comisión de Educación y una de las impulsoras del libelo, la diputada Camila Rojas (Comunes).

La acusación contra Figueroa fue presentada el 20 de julio por 10 parlamentarios y sus argumentos se engloban en tres áreas: vulneración del derecho a la educación, vulneración de los trabajadores de la educación y amenaza a la vida e integridad física y psíquica de los estudiantes. Ante esto, además de los datos de fondo, también se abre una interrogante política respecto de si es la mejor oportunidad para insistir con una acusación, considerando que el gobierno está a ocho meses de terminar su mandato y los actores políticos están en pleno período electoral.

Frente a la argumentación quienes están a favor de acusar constitucionalmente al titular del Mineduc, hace unos días el abogado DC Claudio Troncoso hizo llegar una minuta a la bancada falangista que apunta a la inconveniencia de aprobar el libelo.

“No parece existir una convicción, más allá de toda duda razonable, que los hechos expuestos en estos capítulos importen que el ministro de Educación personalmente haya infringido la Constitución o las leyes o haya dejado éstas sin ejecución. Todo lo anterior teniendo además presente que la acusación constitucional siempre debiera constituir un instrumento de “ultima ratio”, dice el texto.