Desde que llegó a la presidencia del directorio de Clínica Las Condes (CLC), Alejandro Gil —pareja de Cecilia Karlezi, mayor accionista de Grupo Auguri— se volcó de lleno a trabajar para sacar a flote a la compañía que durante 2020 registró pérdidas por $ 5.812 millones. Junto a sus más cercanos colaboradores —el director médico, Rodrigo Mardones, y el gerente general, Jerónimo García—, Gil impuso un estilo marcado por la gestión y eficiencia de la administración generando de paso una serie de roces con la plana médica.

A la fecha, la dirección acumula una serie de acciones legales. Entre querellas en contra de sus exgerentes, renuncias y despidos, la administración que dirige Gil navega en un periodo de incertidumbre por la pandemia y un publicitado conflicto con el Estado, por lo que ellos acusan que ha sido el no pago de las prestaciones médicas.

Si bien el conglomerado guarda absoluta reserva de la futura demanda de indemnización de perjuicios que aún no presenta, hace unos días en medio de un litigio laboral la entidad dio luces de la línea argumentativa que asumirá como estrategia. El 7 de junio ante el 1º Juzgado del Trabajo de Santiago, CLC contestó a la demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones que presentó la exjefa Administrativa de la Dirección Académica, Mariela Ríos Obligado.

“A consecuencia de las diversas restricciones sanitarias impuestas por la autoridad central por la pandemia del Covid-19, entre las cuales se encuentra el cierre de pabellones quirúrgicos y demás instrucciones del Ministerio de Salud que afectaron el normal funcionamiento de la clínica, que implicó la atención de pacientes relacionados con la pandemia derivados a través de la de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) del Ministerio de Salud, como asimismo aquellos que espontáneamente consultaron el servicio de urgencia en atención a la pandemia, sin que hasta la fecha el fisco haya pagado suma de dinero alguna por tales atenciones, provocando con ello que empeorara la grave crisis financiera de la Clínica Las Condes presentada durante los años 2019 y 2020”, acotó CLC en su presentación a la que tuvo acceso La Tercera.

En la carta de despido enviada el 21 de enero de 2021 a la ejecutiva, la compañía profundizó en su plan de ajuste interno. El documento —firmado por García y el director de CLC, Carlos Lizana— consignó que en una primera etapa puso en marcha un Plan de Retiro Voluntario que significó una disminución de 307 puestos de trabajo, los cuales no han sido reemplazados. En una segunda etapa, el recinto médico debió poner término al contrato de trabajo de 86 personas.

Esta no es la primera vez que CLC culpa al Estado por su grave situación financiera. También lo hizo el 25 de mayo pasado cuando contestó la demanda laboral de Hilda Silva Castillo, quien desde el 2 de mayo de 1983 se desempeñaba en el servicio de ginecología como secretaria.

En medio de todo este escenario, siguen los movimientos en CLC. El jueves, el jefe de medicina interna, Jorge Dreyse, envió un mensaje vía WhatsApp a muchos médicos y enfermeras para comunicar la salida de los médicos Verner Codoceo, Rosa Araya y Andrés Kuzmanic. Se trata de tres históricos de CLC de vasta carrera profesional y especialistas en diabetes. Los especialistas enviaron una carta a la gerencia para comunicar el fin de los contratos de arriendo con la clínica. “A partir de mediados de septiembre, cuando se cumplan los 90 días que establece el contrato marco, dejaremos CLC. Un abrazo a todos y todas”, consignó el mensaje.

Por otro lado, el recinto privado nombró al traumatólogo Sebastián García Bacchiega —hermano del actual gerente general— como nuevo jefe de urgencias del recinto. En CLC explicaron que el nombramiento es por expresa petición del presidente. El facultativo es médico cirujano de la Universidad Católica. Su especialidad la realizó en Ortopedia y Traumatología en el Hospital Sótero del Río.

En paralelo, continúan los despidos. El lunes fue el último día laboral de la coordinadora de Hemato Oncología en CLC, Carolina Maragaño. La enfermera se desempeñó en el establecimiento durante siete años y declinó efectuar comentarios sobre esta nota. Sin embargo, trascendió que fue desvinculada porque siempre se mostró contraria a la apertura de nuevas camas, ya que carecía del personal suficiente.

Fuentes de CLC comentan que la profesional debía contar con 12 enfermeras para las 21 camas con que actualmente opera el recinto médico. No obstante, solo contaba con siete profesionales, lo que implicaba que hicieran dos a tres turnos extra a la semana. Una fuente interna —que pide reserva de su nombre por temor a represalias— comenta que son turnos de 24 horas, lo que deriva en una mayor carga laboral sin el personal adecuado.

A ella se suma el caso de la enfermera y coordinadora de Servicios Ambulatorios, Daniela Ruiz, quien formó parte de CLC durante 15 años y la semana pasada fue despedida. Además del despido de la exjefa de Honorarios Médicos, Paz Meza Aedo, quien trabajó para Clínica Las Condes durante nueve años.

En tres ocasiones CLC ha presentado acciones penales en contra de terceros. La primera de ellas ocurrió el 2 de octubre de 2020 en contra de su exgerente general,Jaime Hagel, a quien acusa del presunto delito de administración desleal. El 17 de mayo de 2021 el recinto médico privado volvió a la carga y presentó una querella en contra de un exejecutivo. Se trata de Fredy Jacial y la entidad también invocó el eventual delito de administración desleal. La defensa de este último la asumieron las abogadas Trinidad Luengo y Daniela Santa María.

Ambos casos están siendo indagados por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente. A la fecha, la primera indagatoria es la que presenta mayores avances. La Brigada de Delitos Económicos de la PDI ya ha realizado sus primeras indagaciones emitiendo un informe en el que se detallan parte de los hechos.

En el proceso siguen pendientes las declaraciones del expresidente de CLC, Andrés Navarro y la del director Herman Chadwick. Mientras, quienes han declarado, como el propio Jaime Hagel, han reafirmado que siguieron órdenes del directorio en la tramitación de un crédito a la filial de $ 4.000 millones. Todo esto, en medio de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que finalmente fue adjudicada por el grupo Auguri.

La compañía dirigida por Gil no solo se ha lanzado en sede penal en contra de sus exgerentes, sino que también lo ha hecho en contra de medios de comunicación. El 16 de marzo presentó una querella en contra del diario La Segunda por una nota publicada por ese medio que se tituló: “CLC amenaza con no atender pacientes Fonasa”.