Fue una de las preocupaciones que más inquietaron a las autoridades durante la primera etapa de la pandemia. Entre marzo y junio del año pasado, la Seremi Metropolitana de Salud abrió más de 240 sumarios sanitarios a distintas empresas por modificar sus giros comerciales en el Servicio de Impuestos Internos (SII) para funcionar durante la pandemia. Hoy, la tendencia se repite.

Según la información levantada por la Intendencia Metropolitana, durante este año, entre enero y abril, se han recibido 1.947 denuncias por infracciones sanitarias, desde fiestas clandestinas hasta el funcionamiento ilegal de restaurantes, hoteles y centros comerciales.

Sin embargo, dentro este catastro -el cual se levanta en base a la cantidad de denuncias que la intendencia recibe a través de su sitio web- llamó la atención de la entidad regional el caso de las empresas que habrían modificado sus giros comerciales para funcionar en comunas donde no se podía operar. Lo mismo que el año pasado.

De acuerdo a la información del organismo gubernamental, este año han recibido 111 denuncias por funcionar con distintos giros a los que frecuentemente han operado. El intendente Guevara explicó que “nosotros tenemos que verificar estas denuncias, por lo que, por una parte, son derivadas a la PDI para que sean indagadas desde el punto de vista judicial y, por otro, enviamos la información a la Seremi de Salud para que abra los respectivos sumarios sanitarios”

En ese sentido, la autoridad advirtió que “vamos a estar fiscalizando en terreno para observar estas situaciones. Lo estamos haciendo, y lo intensificaremos, con la PDI y la Seremi de Salud, para poder detectar si, por ejemplo, a los trabajadores los están haciendo trabajar en base a un permiso adulterado o que no corresponde. Una mueblería, por ejemplo, no puede tener un giro comercial de venta de alimento. Es absurdo, no se puede”.

Un caso ocurrió, por ejemplo, la semana pasada. Esa vez las autoridades detectaron un gimnasio con funcionarios en su interior, en Providencia, quienes habían obtenido los permisos para operar, pero en base a un permiso para personal de seguridad. “Tenemos que investigar estas acusaciones y establecer qué fue lo que ocurrió en cada caso. Entendemos que las personas deben ganarse el sustento diario, pero para eso el gobierno ha impulsado medidas de apoyo”, dijo Guevara.

Si bien la cifra supera las 100, durante el año pasado este número fue considerablemente más alto. En junio de 2020, la propia intendencia denunció que habían recibido 2.160 denuncias de parte de trabajadores contra sus empleadores por incumplir las normas sanitarias. Del total, según la intendencia, el 50,4% fue por incumplimiento de medidas sanitarias, las que se traducen en 1.088 casos. De estas, 850 fueron presentadas por los mismos trabajadores, que acusaban a sus empleadores de no respetar la normativa vigente y de utilizar permisos colectivos fraudulentos para conseguir salvoconductos.

Las multas contra las empresas que sean detectadas en prácticas que atenten contra delitos de la salud pública pueden llegar hasta los $ 50 millones.

En el desglose de la intendencia, también figuran denuncias por restaurantes que infringieron normas sanitarias. Son 61, hasta ahora, los locales de comida denunciados, donde las reclamaciones principales son por funcionamiento clandestino y sobrepasar aforos permitidos (cuando se podían abrir, en Fase 2).