“La mesa no está congelada, la mesa está simplemente suspendida por temas de agenda con la Asociación de Isapres”. Así se refirió la ministra de Salud, Ximena Aguilera, a las conversaciones que mantienen con las isapres en el marco de la difícil situación por la que atraviesa esa industria, y que llevó al gobierno a formar esta instancia de trabajo antes de que Aguilera asumiera como titular de la cartera en el cambio de gabinete.

En una sesión de la comisión de Salud del Senado, donde asistió la ministra para presentar los principales énfasis que espera tener en la cartera, Aguilera comentó: “He conversado con Gonzalo Simon, nosotros nos comprometimos, yo entré a la reunión con las isapres al día siguiente que llegué (como ministra), y nos comprometimos a hacer el decreto GES, que salió en la fecha comprometida, que fue el 1 de octubre, y eso va a permitir darle alguna certidumbre a las isapres”.

Respecto del proceso de adecuación, donde las isapres han reclamado que la Superintendencia de Salud no hizo el cálculo de forma correcta para verificar el alza de planes, la ministra señaló que “evidentemente hay un desacuerdo respecto a cómo se aplicaron los criterios de verificación y de cálculo de alza de los planes. Pero bueno, es casi natural que haya un cierto desacuerdo, y se va a seguir trabajando en la mesa con respecto a eso”. De todas maneras, Aguilera dijo que en el Ministerio de Salud revisaron el cálculo hecho por la Superintendencia, y concluyeron que “se aplicaron las medidas que correspondían al (articulado) transitorio (de la ley)”.

Agregó que “vamos a retomar la conversación con ellos en la mesa, no esta semana, sino que la subsiguiente. Ese es el acuerdo. Y ahí vamos a seguir discutiendo. El interés es dar certeza respecto al aseguramiento de los asegurados del sector privado. Nosotros no queremos que ellos tengan disrupciones en sus coberturas de seguros, así que vamos a dar cumplimiento a lo que establezca la Corte. Esperamos de que todo el esfuerzo que se ha hecho reduzca la judicialización, que es una variable que no podemos controlar nosotros. Eso es lo que vamos a estar monitoreando”.

El sábado 1 de octubre el gobierno publicó en el Diario Oficial un extracto dando a conocer que Contraloría tomó razón del decreto GES el 30 de septiembre. “El decreto desarrolla las Garantías Explícitas en Salud en relación a las condiciones para el acceso, calidad, oportunidad y protección financiera con que deben ser otorgadas las prestaciones asociadas a un conjunto priorizado de programas, enfermedades o condiciones de salud”, señala la norma.

Por otro lado, el decreto menciona que el procedimiento de elaboración de las Garantías Explícitas en Salud 2022-2025 tuvo como finalidad revisar las prestaciones de los 85 problemas de salud vigentes y evaluar la incorporación de otros nuevos.

Así, se incorporaron “dos problemas de salud nuevos”. Estos son, “atención integral de salud en agresión sexual aguda”, y “rehabilitación SARS CoV-2″. Este último implica que desde octubre el GES cubrirá la rehabilitación para pacientes que han sido hospitalizados por Covid-19.

Desde el gobierno adelantaron el viernes pasado que “el beneficio alcanzará a más de 13 mil personas al año y quienes estén actualmente en proceso de rehabilitación podrán optar a la activación del GES para cubrir las prestaciones restantes”.

Con este telón de fondo, durante este lunes la Superintendencia de Salud publicó la circular que pide a las isapres informar todo lo relativo al ajuste de precios que planean hacer en las primas. Estas han hecho sus cálculos y en los próximos días se debería conocer el resultado de eso.

En paralelo, durante la mañana de este martes por primera vez las isapres alegaron en la Corte Suprema en el marco de la judicialización que se ha producido para dejar sin efecto la tabla de factores, fenómeno que ha venido creciendo en el último tiempo y que la industria ve que podría implicar a futuro un mayor costo económico. De hecho, la tabla de factores fue el motivo por el cual Colmena anunció en julio que demandaría a sus afiliados, aunque más tarde informó que lo suspendía.

Los alegatos se realizaron nuevamente en la Tercera Sala de la Suprema. En representación de los afiliados alegó un solo abogado: Erwin Moller, de Defensoría Salud, quien además encabeza el ranking realizado por Altura Management respecto a los abogados que más han presentado recursos contra las isapres en tribunales a agosto de este año.

Moller dijo que “desde el año 2010 las isapres se encuentran retorciendo las formas legales, y aprovechando su posición dominante evaden el cumplimiento de aplicar factores de riesgo, y así inventan cobros, nuevos cobros, no previstos por nuestra legislación, para mermar las utilidades que les generaba un sistema, o un conjunto de normas que fueron declaradas como inaplicables por su inconstitucionalidad”.

Dado lo anterior, el abogado pidió a la Suprema que acoja el recurso de protección. A su juicio, ello “será un incentivo real para promover que se legisle sobre la determinación de los precios base en nuestro sistema de salud, y que con esa legislación, de una vez por todas, se pueda cumplir con las exigencias instruidas por el Tribunal Constitucional en la resolución 1.710 del año 2010″.

El abogado Juan Francisco Asenjo acudió en representación de Consalud. Allí dijo que estas causas apuntan a ver “si respecto de determinados beneficiarios y en lo que se refiere al precio base, el contrato de salud es o no un contrato gratuito”.

Agregó que multiplicar por cero el precio base, “que es lo que pretende el recurso, lleva al escenario del contrato gratuito, lo que no es razonable y no es lo que establece la normativa aplicable”.

Por su parte el abogado de Colmena, Germán Concha, socio de Concha Zavala, sostuvo que si se aplica a todos los afiliados el factor 1, sus ingresos se reducirían en un 26%. Eso quiere decir que sus ingresos por planes de salud serían cercanos a $482 mil millones, y señaló que eso significaría que no se podría pagar el costo promedio asociado a los planes de salud, excluyendo GES y beneficios complementarios, ya que este superó los $500 mil millones en 2019, 2020, y 2021.

“Con las cifras no da, pero no da más aún si uno considera un precio base por plan”, detalló. En ese caso afirmó que si se considera un solo precio base por plan, los ingresos de Colmena bajarían a $356 mil millones, mientras que los gastos promedios seguirían superando los $500 mil millones. Al respecto, agregó que no se trata de un problema de utilidades, sino que de ingresos.