Por qué el video de Vallejo y Jackson sobre la Convención, al menos, quedó en el límite de lo que permite Contraloría

El secretario general de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, se convirtió en un nuevo invitado de un distendido programa, transmitido en redes sociales, que desde marzo comenzó a producir y conducir la ministra Camila Vallejo (Segegob), junto a su equipo de asesores.

El viernes pasado, la vocera inició la transmisión mostrando orgullosa a sus espaldas un dibujo de su hija, que ubicó justo debajo de la fotografía del Presidente Gabriel Boric, y luego intercambió algunas bromas sobre la gran cantidad de tareas que tenía que asumir Jackson como Segpres.

Sin embargo, luego de ese diálogo relajado, explicó que “lo que nos convoca” era conversar sobre la Convención Constitucional.

“Estamos realizando esta transmisión, porque estamos muy contentos y contentas de los avances que ha tenido el trabajo de las y los convencionales”, dijo Vallejo, remarcando en varias oportunidades los roles ministeriales de ella y su invitado y que la grabación se realizaba desde su oficina de la Segegob.

“En estos nueve meses, (la Convención) ha parido cosas importantes, como son los derechos fundamentales. Y destacamos en esta transmisión aquello, porque han sido décadas, donde ciudadanas y ciudadanos vienen peleando para que el Estado resguarde sus derechos, pueda garantizar derechos, como el derecho a la vivienda, a la seguridad social…, no solamente a través de las pensiones, también en momentos de crisis”.

“Es súper importante hablar de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad... Eso es súper buena noticia”, acotó Jackson, quien además explicó lo que implicaban los derechos al cuidado, la libertad sindical, a la salud, al agua, que fueron aprobados en la instancia constituyente.

“Esto va muy de la mano con los cambios estructurales que queremos empujar como gobierno”, complementó la ministra vocera.

El programa era la tercera de las transmisiones por Instagram que realizaba Vallejo con el fin de difundir, a través de las cuentas institucionales del ministerio, información relevante para el Ejecutivo. De hecho, este jueves se subió otro video de ella con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para hablar del proyecto de salario mínimo.

El problema del video, que aún se puede ver en la cuenta de Instagram del Ministerio Secretaría General de Gobierno, es que, al menos, según algunos juristas, quedaba en el límite de lo que permite Contraloría, que este jueves a través de un instructivo remarcó que los funcionarios y servidores públicos no pueden “emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución”, incluyendo medios electrónicos ministeriales, para beneficiar “tendencias u opciones” de cara al plebiscito de salida, que finalmente determinará si la propuesta de la Convención se convierte o no en la nueva Constitución.

A juicio de la profesora de Derecho Administrativo de la UDD Constanza Tobar, “este video está en el límite, porque los ministros han tomado la opción de informar a la ciudadanía sobre las materias que han sido aprobadas, pero lo que no debe hacer es gobierno es promover una opción determinada”.

“El gobierno no puede, en ningún caso, favorecer alguna de las dos opciones (Rechazo o Apruebo). El gobierno no debe perder de vista la imparcialidad para resguardar el éxito del proceso constituyente”, agrega Tobar, quien precisa que en Chile igualmente “existe un régimen de libertades amplio, que contempla las libertades de expresión y de opinión, por lo tanto todas las personas son libres de expresarse y asociarse. Lo importante es que los funcionarios públicos no lo hagan dentro de su jornada de trabajo”.

A juicio del profesor de Derecho Administrativo de la U. de Chile, Luis Cordero, el video de los ministros no vulnera disposiciones de la Contraloría, pero cree que “está ahí, justo”. “Es el ejemplo interpretable, porque en el fondo (está la duda) si están hablando de una opción (caso que no estaría permitido) o de la importancia del proceso (cosa que sí podrían manifestar). Ahora yo creo que ellos estaban hablando de la importancia del proceso”.

Cordero agrega que las autoridades del Ejecutivo “deben tener cuidado en los límites informativos. Una cosa es la conversación sobre la importancia del proceso, pero otra cosa son las prestaciones y beneficios públicos concretos, así como utilizar su posición y el Estado para promover una opción sobre otra”.

Por ejemplo, explica que un secretario de Estado podría incluso revelar cómo votará en el plebiscito de salida (situación que se dio con los ministros de Sebastián Piñera antes del referéndum del 2020), pero no deberían hacer llamados a votar por determinada opción.

También Cordero comenta que ellos podrían informar de los avances del proceso, pero no “condicionar” la entrega de beneficios concretos del Estado si es que triunfa una determinada alternativa.

El abogado experto en Derecho Administrativo de la Unab, Gabriel Osorio, señala que “la actividad desarrollada por los ministros, en mi opinión, está un poco fuera de los límites que exige no sólo la Contraloría, sino que la ley. Recordemos que los bienes o recursos públicos, en el caso de la Segegob, solo pueden utilizarse para el cumplimiento de sus fines específicos o para difundir información que diga relación con su funcionamiento o con la difusión de las prestaciones que se otorgan, y en el presente caso, si bien no hacen un llamado a votar, se utilizan recursos para difundir informaciones fuera del ámbito de la propia Administración del Estado, lo que vulnera la legislación”.

“Si bien la actividad es interesante, lo que hacen es difundir informaciones ajenas a las prestaciones que otorgan en la Administración del Estado, o que se encuentran fuera de la actividad propia del gobierno. Lo anterior se condice con la numerosa jurisprudencia que existe sobre el uso de comunicaciones públicas, los gastos irrogados y el uso de redes sociales”, añade Osorio, quien señala, en ese sentido, que el instructivo de Contraloría no es novedoso, puesto que sólo reitera el principio de imparcialidad y apoliticidad que debe regir en la administración del Estado. “Así, no se pueden utilizar las reparticiones públicas o asociar estas reparticiones a una de las posturas”.

No obstante, la interpretación que existe en La Moneda es que la transmisión se ciñe a los principios de libertad de expresión y que tampoco los ministros Jackson y Vallejo hicieron un llamado a votar por el Apruebo. Incluso, sus opiniones valorando la aprobación de algunos derechos fundamentales no se escapan a reacciones positivas que tuvieron autoridades de otros poderes constituidos sobre ese tema.

Además, un punto a favor del gobierno lo entregó el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, quien señaló que la transmisión de los ministros “no constituye campaña electoral” y que era normal que organismos opinen “sobre esas normas, especialmente si son de su competencia... Eso no constituye campaña”.