Un alcalde tras las rejas: los detalles de las primeras horas de Miguel Ángel Aguilera privado de libertad

El ex alcalde de San Ramon Miguel Angel Aguilera es ingresado al centro penitenciario Santiago1. Javier Salvo/Aton Chile

El exjefe comunal de San Ramón está aislado en el Área de Salud Ambulatoria (ASA) de Santiago 1, ya que por protocolo los imputados que ingresan a prisión preventiva deben hacer cuarentena para evitar contagios de Covid-19 a la población penal. En paralelo, su defensa trabaja en un recurso de apelación para revertir la medida cautelar más gravosa. Le dejaron ingresar una máquina "CPAP" debido a una apnea del sueño que le impide respirar en las noches. Durante al menos 11 días no podrá recibir visitas, aunque la corte podría decir algo distinto. La fiscalía, en tanto, aclara que aún no cuenta con antecedentes para ligarlo ni a imputados ni al mundo del narcotráfico.


“Esto es una operación y lo voy a demostrar”. Esta habría sido la advertencia que hizo el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, a pocas horas de haber ingresado al Área de Salud Ambulatoria (ASA) de Santiago 1, penal al que ingresan los reos comunes que son dejados bajo la medida cautelar de prisión preventiva. A casi 48 horas de la resolución que lo privó de su libertad, el exjefe comunal se encuentra aislado y en cuarentena, sólo atendido por los médicos del recinto, ya que por protocolo de Gendarmería, al menos, durante 11 días no podrá mezclarse con el resto de la población penal para evitar eventuales contagios de Covid-19.

En paralelo, su defensa, encabezada por los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, preparan el escrito de apelación en el que buscarán revertir la resolución de la jueza del 15° Juzgado de Garantía, Mariela Hernández. La magistrada al momento de revisar las pruebas presentadas por la Fiscalía Sur en contra de Aguilera y determinar su medida cautelar sostuvo que “aquí se ha puesto en juego el Estado de Derecho, se ha puesto en juego la democracia, porque estos son los delitos que hacen a los ciudadanos desconfiar en el sistema, el daño que se genera al Estado de Derecho es un daño que, estimo, no es posible cuantificar. Aquí claramente son delitos de corrupción”.

Quienes conocen de las primeras horas del exalcalde en el módulo ASA dicen que se le ve nervioso, y ha dicho que se siente “impotente” por haber confiado en personas de su círculo que, según asegura, “lo traicionaron”. En el marco de la revisión médica, el imputado expuso que sufre de hipertensión, diabetes y pidió autorización para ingresar una máquina CPAP que le permite mantener una presión positiva continua sobre las vías respiratorias, un tratamiento para enfrentar la apnea obstructiva del sueño que padece desde hace años.

No podrá recibir visitas en 11 días, que es lo que dura la cuarentena en los nuevos ingresos de imputados, y estará en un box individual de 3×2 metros. Está sin grilletes ni esposas, y vigilado 24 horas por cámaras de seguridad. Si bien la alimentación es proveída por el ente penitenciario, puede recibir encomiendas desde el exterior. Aún no se sabe a qué módulo será destinado después por parte de Gendarmería, aunque algunos ya sostienen que por ser una causa de connotación pública lo más probable es que se le traslade hasta la Cárcel de Alta Seguridad. Aunque la Corte de Apelaciones de San Miguel podría, antes, decir otra cosa y liberarlo.

“No se ha vinculado ningún delito de narcotráfico”

En conversación con La Tercera, Víctor Núñez, de la Unidad de Delitos Generales de la Fiscalía Sur, valoró la resolución de la magistrada Mariela Hernández que dejó al exjefe comunal de San Ramón en prisión preventiva. Asimismo, dijo que las penas que arriesgan los imputados comienzan desde los 541 días hasta cinco años.

El investigador destacó las palabras de la jueza, que en su resolución sostuvo que los delitos por los que está formalizado Aguilera para ella no eran cualquier tipo de ilícito. “Técnicamente, estos delitos protegen un bien jurídico denominado probidad. La probidad es un bien jurídico fundamental en nuestro ordenamiento social, porque se espera que los funcionarios públicos tengan una actitud proba. Esto quiere decir que antepongan el interés general por sobre cualquier interés particular que pueda existir. Eso es irradiado de toda la gestión pública y justifica que la jueza haya resuelto como argumento el día de ayer”, dijo el persecutor.

Asimismo, el fiscal Núñez detalló que “la defensa pretendió justificar parte de los $ 263 millones que se le imputan como enriquecimiento ilícito con la venta previa de un inmueble del alcalde en la comuna de La Florida y que habría comenzado a pagarse desde el año 2014. Para ello acompañaron una promesa de compraventa entre el alcalde y una sociedad, donde se indicaba que se pagaría de esa forma. Al análisis del documento, la fiscalía junto con la Brilac de la PDI determinó que una de las cláusulas hacía referencia a hechos ocurridos en 2016, en circunstancias de que el documento era de enero de 2014. Esto permitió corroborar que habría una falsedad en la época en que se habría pactado esta venta”.

En ese sentido, el investigador aseguró que han hecho una investigación profunda y amplia de todos los antecedentes financieros y bancarios del exalcalde Aguilera. “Por ahora lo que ha identificado es un enriquecimiento injustificado, porque hay una gran cantidad de dinero que ingresa a las cuentas que se realizaba a través de depósitos en efectivo por caja y, dentro de esto, que parte de esos pagos pueden vincularse con licitaciones públicas adjudicadas, transformando estos hechos en delitos de cohecho. Sin embargo, cualquier otra posibilidad es posible de investigarse, y si aparecen antecedentes concretos que vinculen otros delitos a estos imputados se sumarán si corresponde”, añadió Núñez.

Consultado si ha existido algún indicio de vínculos con personas imputadas o con casos de tráfico, el investigador sostuvo: “Por ahora, no se ha vinculado ningún delito de narcotráfico, porque lo que existe detrás son delitos de corrupción”.

Desde el 1 de julio, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, implementó una Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado que, entre otros ilícitos, investiga causas de corrupción, narcotráfico, armas y delitos violentos de mayor gravedad, en las 12 comunas de su competencia en la zona sur de la Región Metropolitana. De hecho, esta nueva fiscalía especializada tiene a su cargo la investigación por el fraude electoral de las elecciones municipales de este año en San Ramón.

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La Tercera Noche


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