La tramitación del proyecto de ley sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), donde se establecen normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública así como de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público o de custodia de infraestructura crítica, se ha entrampado en la fase final de su discusión, donde han surgido discrepancias entre fuerzas oficialistas y el gobierno, como también diferencias al interior de la propia oposición. Si bien varios de los aspectos se refieren a cuestiones de orden técnico -por ejemplo, si es preferible utilizar el concepto “objetivo legítimo” u “objetivo encomendado”-, hay otras de orden más profundo, como el concepto de proporcionalidad versus la racionalidad cuando se trata del uso de la fuerza.

El proyecto despachado por la Cámara de Diputados fue objeto de una serie de cambios en el Senado, los que en tercer trámite una decena de ellos fueron rechazados en la Cámara, obligando a la conformación de una comisión mixta.

Hay un aspecto que vale la pena destacar, y es que en lo esencial se ha mantenido en pie el principio de que es necesario contar con normas actualizadas y coherentes entre sí que regulen bien el uso de la fuerza, según una serie de principios generales. Con todo, las diferencias que han surgido en esta última etapa relevan que en todos los sectores sigue habiendo determinadas apreciaciones que van ya sea por entregar amplias atribuciones al personal militar y policial para el uso de la fuerza, o bien establecer una serie de limitaciones que sobre todo se encuadren en la defensa y protección de los derechos humanos.

Las diferencias, en todo caso, no parecen insalvables, y al respecto lo central es que el nuevo cuerpo legal efectivamente cumpla con el doble objetivo que se persigue: asegurar la tarea del orden público y dar certeza al personal de cómo han de proceder, sin que ello se traduzca en caer en actuaciones discrecionales o que conlleven a un uso excesivo de la fuerza. Central resultará para estos propósitos dictar normas claras, que den el menor espacio posible para la ambigüedad, porque de lo contrario se puede caer en el peligroso terreno de la inhibición en el uso de la fuerza o bien en su empleo que luego puede abrir complejas judicializaciones o cuestionamientos que lleven a su pérdida de legitimidad. Sobre todo en situaciones de riesgo vital, el personal debe tener plena claridad de cómo proceder, lo que no puede quedar condicionado al tipo de armamento que los hechores utilicen.

Es evidente que parte del ambiente que se ha creado responde al clima más polarizado, acentuado por la campaña electoral, pero el Congreso y el Ejecutivo deben tener como norte la necesidad de que estas reglas tengan un pronto despacho. Se trata de un proyecto que lleva más de dos años de tramitación, en un marco donde la delincuencia se ha hecho más violenta, cada vez con mayor capacidad de fuego, y de amenazas que han forzado al despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público, fruto de estados de excepción o de custodia de las fronteras. Si el propio Estado encomienda estas funciones, debe asegurar que estas tareas se puedan cumplir de manera óptima. La agenda de seguridad quedaría gravemente dañada si las RUF no cumplen con este objetivo.