En los últimos meses se han producido ocho casos en que Gendarmería ha dejado en libertad a reos sin que tal beneficio corresponda. Solo la semana pasada ocurrieron dos episodios de este tipo -con menos de 24 horas de diferencia-, lo cual naturalmente ha despertado especial preocupación, al punto que el propio ministro de Justicia esbozó la posibilidad de que no se trate solo de errores administrativos, sino que detrás de ello pueda haber “corrupción y también sabotaje”. Esto último en alusión a la reforma constitucional que recientemente envió al Ejecutivo, donde se propone que la institución pase a ser parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad, cambie su dependencia al Ministerio de Seguridad y se eliminen los sindicatos al interior de la institución, propuesta que ha sido resistida por varias de las asociaciones gremiales de Gendarmería.

Los dichos del ministro de Justicia de momento no han sido avalados por las autoridades del nuevo gobierno -el Presidente electo José Antonio Kast hizo un llamado a no hablar mal de las instituciones, y valoró el trabajo de Gendarmería-, pero ciertamente sugieren una hipótesis compleja que requiere ser despejada a cabalidad. Más allá de que la mayoría de los reos han logrado ser capturados, no puede considerarse como parte de la normalidad la frecuencia con que están ocurriendo estos hechos.

Gendarmería es una institución fundamental; por de pronto, bajo su responsabilidad está la custodia de casi 65 mil reclusos -una cifra sin precedente en nuestra historia-, y en ello su labor no podría ser cuestionada, porque las fugas desde los penales son bajas. Sin embargo, a la par de este rol de custodia la institución también debe ser capaz de asegurar el control al interior de las cárceles, y hoy en día eso supone sobre todo velar por que el crimen organizado no se extienda al interior de los recintos, cooptando funcionarios y manteniendo una estructura que permita manejar actividades ilícitas desde las propias cárceles.

Justamente este punto es el que está ahora en cuestión, no solo por la extraña liberación de reos, sino ante todo por la acumulación de casos en que han quedado a la vista situaciones altamente irregulares, como la internación de celulares, electrodomésticos, alcohol y la autorización para el ingreso de personas extrañas. La “Operación Apocalipsis”, llevada a cabo recientemente por el Ministerio Público y las policías, dejó como saldo 66 detenidos -44 corresponden a gendarmes-, abriendo numerosas interrogantes de hasta dónde este flagelo ha logrado enquistarse al interior de los recintos penales. Es claro que cuando el Estado pierde el control de las cárceles se da pie a una situación caótica, donde las bases mismas del estado de derecho se ven resentidas; no parece ser esa la situación de nuestro país, pero los indicios apuntan a que hay riesgo de encaminarse en esa dirección.

Por ello es fundamental que la clase política preste mucha más atención a lo que ocurre con Gendarmería y cómo asegurar que su función se pueda ejercer sin riesgos de caer en la corrupción o ser presa del crimen organizado. La aprobación de la reforma constitucional enviada por el Ejecutivo es un primer paso, pero es claro que se requieren acciones mucho más de fondo, en el plano de gestión, en modernización institucional y mayores recursos, cuestiones que resultan prioritarias.